Concentración de forestales para exigir mejoras salariales

Unos 250 bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que forman parte de la empresa pública Tragsa, vestidos con sus uniformes, según los convocantes, se han concentrado este sábado a las 20:00 horas en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, para visibilizar una lucha que va más allá de las reivindicaciones salariales.

Este colectivo permanece en huelga indefinida desde el pasado 15 de julio, en plena campaña del plan especial contra incendios forestales (Infoma).

Durante la protesta, encendieron bengalas de color rojo.

Los bomberos forestales exigen la negociación de un nuevo convenio colectivo y una mejora "urgente" de sus condiciones económicas, la aplicación de la Ley Básica de Bomberos Forestales aprobada en 2024, el fin de la temporalidad en el dispositivo de extinción y prevención, ya que en torno al 40 % del personal solo está contratado cuatro meses al año, y la implementación de un plan de protección frente a la exposición a agentes cancerígenos.

Rafael Fernández, miembro del sindicato UGT, ha reclamado la apertura de una mesa de negociación de un nuevo convenio colectivo que sustituya al de 2008-2012 para recuperar la pérdida de poder adquisitivo, estimada en un 35 % desde la firma de ese acuerdo.

También buscan una revisión del régimen de descansos; una mejora las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales; un refuerzo de la formación de los trabajadores; el reconocimiento de pluses de peligrosidad, penosidad y toxicidad; así como la remodelación integral de las bases, que en muchos casos "no cumplen la normativa de exposición a agentes cancerígenos".

Otro "caballo de batalla" es el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal, avalada por la Ley Básica de Bomberos Forestales.

En la Comunidad de Madrid, estos trabajadores aún reciben oficialmente la denominación de brigada forestal, aunque está previsto que esto cambie a partir del 1 de enero de 2026, cuando se renueve el encargo del servicio a Tragsa aplicando la nueva ley.

El contingente de las brigadas forestales cuenta con unos trescientos trabajadores que están en plantilla todo el año, centrándose en tareas de prevención durante el invierno, a los que se suman otros doscientos empleados temporales en los cuatro meses que dura la campaña del Infoma (de junio a septiembre).

Otra de sus reivindicaciones es la puesta en marcha de un plan de protección frente a la exposición de agentes cancerígenos que contemple la adecuación de las instalaciones para el proceso de descontaminación de la ropa y el equipo de protección individual (EPI).

El representante sindical ha señalado que la Comunidad de Madrid tiene la obligación legal de implementar este protocolo y debe hacerlo "cuanto antes", ya que los trabajadores se exponen a agentes cancerígenos tanto en incendios como en las quemas de prevención de vegetación que realizan en invierno.

Los trabajadores lamentan la negativa de Tragsa a negociar un nuevo convenio y la falta de respuesta de la Comunidad de Madrid.

La huelga, que comenzó el 15 de julio, finalizará el 15 de agosto. La administración fijó unos servicios mínimos del 80 %. El comité de empresa rechaza su relación con las recientes incidencias en las cerraduras de acceso a los edificios que sirven como base a dichos recursos.

En declaraciones a los periodistas, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, manifestó ayer que el pagador de los salarios de las brigadas forestales es la empresa pública Tragsa, que depende del Gobierno, por lo que ha instado al Ejecutivo y, en concreto, al Ministerio de Hacienda a ocuparse de ellas.

Matute ha pedido que no realicen los sabotajes de los dispositivos de lucha contra el fuego, que se produjeron hace unas semanas, poniendo en peligro la vida de sus compañeros.

La consejera ha insistido en que el Ministerio de Hacienda tiene que responder a sus reclamaciones retributivas y les ha expresado el apoyo de la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha afirmado que el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, está "ocupado y preocupado" por este asunto.