El drama de las familias atrapadas en las cocheras de Cuatro Caminos

Más de diez años llevan 443 familias esperando lo que parecía un sueño sencillo: una vivienda en el barrio de sus vidas, en una zona céntrica de Madrid, a precio de cooperativa. Un proyecto legítimo, aprobado en su momento por el Ayuntamiento, que compraron mediante subasta pública con el único objetivo de construir un hogar. Hoy, ese sueño sigue en pausa.

Las antiguas cocheras de Cuatro Caminos, levantadas hace más de un siglo como parte del entramado del Metro de Madrid, se convirtieron en símbolo de un conflicto urbano y político que a día de hoy no encuentra salida. Lo que empezó siendo un proyecto de regeneración urbana con valor residencial, social y medioambiental, ha terminado convertido en un callejón sin salida judicial.

«Un revés más hemos sufrido con esta sentencia. Estamos esperando la aclaración del Tribunal Superior de Justicia para ver si hacemos un recurso de casación. Si el Supremo nos da la razón, podremos seguir adelante. Si no, tendríamos que empezar de nuevo, con una nueva normativa mucho más dura. Y eso dejaría fuera a muchas familias», explica a este periódico Desireé del Rio, Vicepresidenta de la Cooperativa. El varapalo judicial al que se refiere, es la sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anula el planeamiento urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. No lo hace por cuestiones de fondo —las alturas, las zonas verdes, la densidad, las edificaciones— sino por defectos de forma: el informe ambiental, aseguran los jueces, no analizó correctamente las alternativas al desarrollo urbanístico. Para los vecinos, estas razones son incomprensibles. «Todo esto es muy técnico y una cuestión política. Mientras tanto nosotros seguimos sin casa. Somos los rehenes de una guerra política», denuncia. La cooperativa se siente víctima de un conflicto institucional en el que ni el Ayuntamiento de Madrid ni los grupos políticos contrarios —principalmente Más Madrid, PSOE y asociaciones patrimonialistas— han sabido poner por delante a las familias afectadas.

Jesús González y Carmen Silva fueron de los primeros en apuntarse a la cooperativa. Llevan toda su vida viviendo en Chamberí. «Mis padres son del barrio, los de mi marido también. Queríamos vivir aquí. Era nuestra única posibilidad porque comprar en esta zona era imposible», explica Carmen. Su hija tenía apenas unos meses cuando entraron en la cooperativa. Hoy, está a punto de cumplir 13 años y siguen viviendo de alquiler. «Cada vez que hay un paso adelante, viene otro atrás. Es un palo tras otro. Nuestros hijos preguntan cuándo nos vamos a ir a nuestro piso… y nunca llega», añade. Han mantenido la esperanza durante más de una década, mientras veían cómo el precio de la vivienda se disparaba, el alquiler se encarecía y las obras seguían sin comenzar. «No podemos reformar la casa porque no es nuestra. Estamos perdiendo dinero cada mes, en una vivienda que no es nuestro hogar», sentencia.

Laura Sanz entró en la cooperativa con su familia en 2017, buscando una vivienda ideal para su proyecto de vida. «Éramos cinco, queríamos una casa con tres dormitorios. Hemos ido sorteando tormentas, ganando recursos, sobreviviendo a cambios legislativos, pero esta última sentencia… no hace falta ser abogado para ver que no tiene sentido», explica. Esta vecina no entiende cómo una cuestión técnica sobre una evaluación ambiental puede truncar de nuevo el acceso a la vivienda de más de 400 familias. «Nos cambian las normas a mitad del juego. Y esto lleva así desde 2014», dice con desesperanza. Muchos de los cooperativistas han vivido verdaderas tragedias personales durante estos años: divorcios, problemas psicológicos, fallecimientos...y otros se han visto obligados a abandonar el proyecto.

El terreno fue adquirido por la cooperativa a través de una subasta pública lanzada por Metro de Madrid a finales de 2014. El dinero —unos 88 millones de euros— salió del ahorro de cientos de familias. Su proyecto incluía la cesión de suelo al Ayuntamiento de Madrid para construir un parque de 17.000 metros cuadrados, nuevos viales, calles abiertas al barrio y una proporción del 10% de vivienda protegida. Todo eso lo aportamos nosotros. No se entiende por qué se nos frena constantemente», insisten desde la cooperativa. Mientras que la sentencia del TSJM no invalida los aspectos esenciales del proyecto. Las alturas, el diseño del arquitecto Carlos Rubio, los usos previstos… todo fue avalado. El problema fue otro: el estudio de impacto ambiental, aseguran los jueces, no contempló correctamente las alternativas posibles. Desde el Ayuntamiento y la propia cooperativa se han presentado alegaciones. «Técnicamente es comprobable que lo que dicen no es correcto. Estamos esperando respuesta para interponer recurso ante el Supremo», explica del Río. Ese recurso es ahora la última esperanza. Si el Supremo les da la razón, las obras podrían comenzar pronto. Si no, el plan urbanístico habría que rehacerlo por completo, aplicando además la nueva ley estatal

de vivienda, que obliga a reservar un 20% de los pisos para vivienda protegida. Eso, según la cooperativa, supondría expulsar a decenas de familias.

Al otro lado, las asociaciones patrimonialistas y algunos grupos políticos denuncian que se ha destruido un bien cultural valioso: las antiguas cocheras diseñadas por el arquitecto Antonio Palacios. Estos, piden que se reconstruya lo que ya fue demolido, o que al menos se preserve la memoria del lugar. La cooperativa sostiene que esa discusión patrimonial ya fue zanjada: «No eran patrimonio protegido. No era el Palacio de Linares. Eran unas cocheras abandonadas, llenas de ratas, sin uso. Se está impidiendo crear vivienda, un parque, nuevas calles, por una visión política que no tiene sentido», lamenta una vecina. Mientras otros, ironizan con la situación: «Con lo que está tardando, casi mejor que nos construyan una residencia o un centro de día. Porque a este paso, es lo que vamos a necesitar». Las bromas esconden un desgaste real: hay familias que llevan más de once años pagando alquiler, guardando dinero para una casa que nunca llega. «Cuando entramos les dije a mis hijos que quedaban cuatro años para entrar en la nueva casa. Luego otros cuatro y otros tantos... a este paso llegara el momento que se vayan de casa o a estudiar fuera y, ¿qué hacemos ya con tres dormitorios?», dice Sanz.

El Ayuntamiento, por su parte, insiste en que hará todo lo posible para sacar adelante el proyecto. El propio delegado de Urbanismo, Borja Carabante, declaró públicamente que esta sentencia «alarga la agonía» de las familias. Desde la oposición, Más Madrid y el PSOE exigen que se replantee todo el proyecto desde cero, con más vivienda pública y mayor preservación del patrimonio. Mientras los políticos discuten, la realidad se impone. Cientos de familias siguen esperando.