Los empresarios madrileños, contra la nueva Ley Antitabaco

El tejido empresarial madrileño ha encendido las alarmas ante el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo. La asociación Madrid Foro Empresarial, que agrupa a más de 350 empresarios de distintos sectores, ha manifestado su “firme rechazo” a un texto que, según denuncian, supone “una prohibición generalizada, de difícil aplicación y con graves consecuencias sociales y económicas”. Y es que, para los empresarios, la regulación sanitaria es necesaria, pero no a costa del empleo, la convivencia y el dinamismo económico que caracterizan a la capital.

El borrador legislativo, impulsado por el Ministerio de Sanidad, amplía la prohibición de fumar y vapear a terrazas, a un perímetro de 15 metros en torno a edificios públicos y a diversos espacios al aire libre. Los empresarios madrileños consideran que esta medida no solo impactará en la convivencia urbana, sino que también amenaza la competitividad de la capital frente a otras grandes ciudades europeas.

“Estamos de acuerdo en que haya una regulación que proteja la salud pública, pero sin asfixiar a los espacios de convivencia ni a los motores económicos de nuestra ciudad. La hostelería, el turismo y el pequeño comercio se verán gravemente afectados si se aprueba este texto tal y como está planteado”, advierte Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial.

Los datos, según la asociación, respaldarían esta preocupación. El sector hostelero madrileño genera más de 233.000 empleos, cuenta con 29.000 locales y aporta el 9,1% del PIB regional, según la organización. Además, es uno de los principales escaparates de la ciudad ante el turismo internacional. “Una medida que prohíbe fumar en terrazas no sólo perjudica al sector, también resta competitividad a Madrid frente a otras capitales europeas”, subraya Alfaro.

Los empresarios alertan, además, de que la aplicación de la norma podría provocar efectos contrarios a los buscados. La prohibición de fumar en terrazas podría trasladar el consumo a aceras y accesos de los locales, generando aglomeraciones, molestias y tensiones en la convivencia urbana.

Desde el punto de vista económico, Madrid Foro Empresarial advierte de que la reducción del consumo en establecimientos hosteleros podría traducirse en una menor recaudación de impuestos especiales e IVA, sin que exista evidencia concluyente de que el desplazamiento del consumo a espacios privados reduzca el tabaquismo entre adultos.

Además, la organización advierte de que la ley compromete la viabilidad de miles de negocios, entre ellos los estancos, y podría favorecer el mercado ilícito de tabaco. “Los expendedores de tabaco operan bajo concesiones administrativas sujetas a estrictos controles de trazabilidad y obligaciones fiscales. Limitar drásticamente el consumo legal afectaría directamente su sostenibilidad económica e incentivaría el comercio ilegal”, señalan.

Con el objetivo de mitigar estos efectos, Madrid Foro Empresarial ha presentado una serie de alegaciones al Ministerio de Sanidad. Entre ellas, propone sustituir la prohibición absoluta en terrazas por zonas habilitadas y señalizadas para fumadores; reducir los perímetros de prohibición a entornos verdaderamente sensibles, como hospitales, colegios o parques infantiles y escuchar e incorporar la voz de empresarios y ayuntamientos en la redacción final de la norma, buscando un equilibrio entre salud pública y sostenibilidad económica.

La organización pide al Gobierno que elabore una ley “más proporcionada, sensata y viable”, que proteja la salud sin poner en riesgo la economía y las libertades de los madrileños. “Confiamos en que se nos escuche y se rectifique un texto que, en lugar de proteger la salud pública, amenaza la libertad ciudadana y el desarrollo económico de nuestra capital”, concluye Hilario Alfaro.

El debate sobre la nueva Ley Antitabaco llega, así, al corazón de la economía madrileña, donde la hostelería, el turismo y el comercio local -sectores que aún se recuperan del impacto de la pandemia- temen una nueva normativa que podría alterar su funcionamiento y reducir su competitividad frente a otros destinos europeos más flexibles.