Leo: «Mi familia no entendía por qué solo quería salir a la calle para trabajar»

«Cometí el delito con 16 años, y me llegó la liquidación judicial dos días después de cumplir 18, porque me enviaron una carta de ingreso voluntario, porque si no, ya comenzaría a estar en Busca y captura», cuenta Leo, un joven madrileño de 20 años. «Me asusté y fue directamente al centro e ingresé el 25 de noviembre de 2023. Allí me informaron de que podía tanto seguir estudiando como buscar trabajo», comparte. En ese momento accedió al programa PAIL (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral). Lo hizo así ya que «al principio priorizaba el dinero, pero más tarde entendí que necesitaba acabar mi formación obligatoria y comencé a compatibilizarlo con el trabajo». Ahora ya se está formando para conseguir el ciclo superior de cocina. Desde Arrmi (Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor) defienden los estudios como la primera herramienta de protección al menor, por lo que los animan a, al menos terminar la educación obligatoria, aunque ya tengan un trabajo, tal y como asegura su jefa de servicio del área de menores en conflicto social, Silvia Gallego. De hecho, Leo lleva en el mismo trabajo desde hace más de dos años: «Tuvieron muy claro que él encajaba con el perfil y le seleccionaron entre varios candidatos más», cuentan desde esta Agencia. «Incluso, me llamaron varias veces y me escribieron varios emails, ya que como estaba en el centro, no pude atender la llamada al principio», recuerda Leo.

Sobre su situación familiar asegura haber sido siempre «muy frío», de hecho, recuerda que «como ya tenía 18 años decidí ingresar en el centro sin ir acompañado de nadie, incluso se enteraron por la propia institución». Precisamente, recuerda como un momento muy delicado la primera entrevista con su familia en el centro: «Yo renunciaba a mis permisos de fin de semana porque no quería salir, solo quería ir a trabajar y volver, una situación rara para todos». Aunque desde el centro aseguraron que esos permisos podían agilizar mi proceso, él siguió renunciando. «Me sentía más seguro dentro que fuera, sentía que era el entorno ideal para mí. No quería volver a un ambiente hostil. Fue muy difícil decir en esas entrevistas a mi madre y a mi hermana que no quería volver con ellas, no lo entendían».

Sobre la salud mental, asegura que su mayor miedo era el volver a salir: «Los internos suelen disfrutar mucho del día en el que salen, pero yo no tenía claro el escenario que me encontraría», explica así su mayor incertidumbre. Como cuenta Macarena Ávila, subdirectora general de ejecución de medidas judiciales de Arrmi, ante esta situación desde la Agencia, días antes de su salida le ayudaron a buscar pisos o alguna solución habitacional. «Estuve ahorrando todo lo que pude, aunque finalmente pude quedarme con mi padre durante el proceso posterior de libertad vigilada», comparte. A todo tipo de internamiento le acompaña un proceso de libertad vigilada después: «La reinserción y la salida del centro siempre es progresiva, para ello están los regímenes semiabiertos». De hecho, en el centro no solo trabajan su reinserción en la sociedad tangible, sino también en el mundo digital. «Al no tener libre acceso a Internet en el centro, durante los primeros permisos van reconectando poco a poco también con el mundo digital», comparten desde la Agencia. Desde el centro, también se preocupan de que mantengan hábitos saludables, como el deporte, una adecuada alimentación y horas de descanso, así como enseñarle a tener un entorno adecuado de amistades y una relación sana con el ocio.

En esta Agencia aseguran que cada vez hay menos estigmatización desde las empresas a la hora de contratar este tipo de perfiles: «El tejido empresarial es especialmente generoso y en Madrid ofrece muchas oportunidades». De hecho, algunos casos como el de Leo, con el tiempo, optan por compartir su experiencia en el centro con su entorno laboral. Los sectores que más participan en este programa PAIL son logística, hostelería y servicios, «aunque la construcción está volviendo a recuperarse y a ser otra gran alternativa», asegura Blanca Ballesteros, directora de PAIL a través de Fundación Diagrama.

Leo afirma que en el centro le ayudaron a aspectos a veces infravalorados como la gestión del dinero o el cumplimiento de horarios y rutinas. Desde este programa aseguran que «es fundamental que cuando salen a la calle tengan su tiempo ocupado, para que no lo llenen con malos hábitos», garantiza Inmaculada. Además, él ya ha compartido su caso en otras ocasiones, ya que desea que su experiencia sirva para otros jóvenes, demostrando que nunca es tarde para cambiar, especialmente si se es tan joven. De hecho, desde la Agencia confirman que las probabilidades de reinserción aumentan cuanto más joven es el infractor. También aseguran que muchos casos como el de Leo, al terminar su proceso, se sienten muy agradecidos a los profesionales y el centro en el que han estado: «A muchos les cambia la vida y quieren devolver a la sociedad algo de lo que han recibido».

Además, desde Arrmi se les ayuda en otros ámbitos como adicciones, documentación, así como mejorar sus condiciones laborales, en caso de que ya tengan un trabajo. «Si damos con algún caso que ya posee un trabajo por su cuenta, trabajamos desde la agencia para mejorar sus condiciones tanto económicas como de horarios», aseguran Inma y Blanca. De la misma forma, también trabajan con ellos en la elaboración de currículums o la preparación de entrevistas de trabajo. Al mismo tiempo, Macarena recuerda que «la reinserción no es un problema lineal, ellos suelen tener gran voluntad de cambio, pero no hay que olvidar que todavía son adolescentes en edad de desarrollo y a veces les faltan herramientas que da la madurez, como la disciplina».

Así funcionan PAIL y Arrmi

Tanto para los menores que cumplen medidas judiciales privativas de libertad como no privativas, se desarrolla una atención individualizada, elaborándose un informe personalizado y un plan de intervención ajustado a sus características, necesidades o incluso tipo de delito. En el caso de las medidas privativas de libertad, que supone su ingreso en uno de los seis centros de ejecución de medidas judiciales de la Comunidad de Madrid (cinco en la capital y uno en Brea de Tajo), el joven es atendido por un equipo psicosocial compuesto por educadores sociales (uno de ellos será su tutor), psicólogos y trabajadores sociales, quienes guían su estancia en el centro para lograr su reinserción total en la sociedad. La individualización del tratamiento, con respuestas adaptadas a las necesidades reales de cada menor y un programa especializado, favorece la obtención de mayores índices de reinserción, así como la reducción del coste de la intervención. Los Programas Especializados son de tipo General (comunes para los menores con delitos graves) y de tipo Específico (abordan determinados delitos, conductas o necesidades). Se desarrollan con respaldo de universidades de la Comunidad de Madrid o asociaciones expertas en la materia de que se trate.

Afortunadamente, con el trabajo de los profesionales de la ARRMI y la predisposición de los menores, el 90% de los que pasan por sus centros no vuelve a delinquir. En el primer semestre de este año ya han pasado 241 jóvenes por PAIL, se han realizado 268 entrevistas de trabajo y se han firmado 214 contratos.