Madrid: «Operación desalojo» en el edificio okupado de Vicálvaro

Apenas 24 horas después de que los vecinos de Vicálvaro clamaran contra la «okupación» en sus barrios, de forma progresiva, el edificio del barrio de El Cañaveral, «okupado» masivamente desde hacía una semana, fue desalojado de la inmensa mayoría de sus inquilinos ilegales. Como afirman a LA RAZÓN sus residentes, esta «operación desalojo» comenzó la tarde noche de este pasado lunes. Y aparentemente –y afortunadamente–, sin estridencias, salvo un par de «recados» que dejaron los ya desalojados.

De esta forma, se va despejando la situación insólita que vivían los residentes –legales– de la avenida Miguel Delibes, 15. Como informó ayer este diario, un total de doce apartamentos de este inmueble, hasta ahora vacíos, habían pasado a ser habitados de forma ilegal. Y cada vez por más personas, que no dejan de llegar al primer, segundo y cuarto piso, así como al ático, que son los lugares donde se habían instalado en su mayoría.

Según denunciaron los vecinos, estas personas aseguraban que contaban con un contrato de alquiler que les habilitaba para vivir allí. Sin embargo, cuando les pedían ver una copia del mismo, nunca la enseñaron. La tensión fue un aumento, con enfrentamientos verbales entre ellos. Entre otros motivos, porque los residentes notaron que habían intentado forzar sus cerraduras.

Ahora, con las novedades conocidas ayer, se confirma que los «okupas» residían de forma ilegal. Y es que, los encargados de desalojarlos fueron los miembros de una empresa de «desokupación», previamente contratados. Un servicio contratado no por los inquilinos legales, ya que estos, al vivir en régimen de alquiler y no ser propietarios, no tienen potestad para hacerlo. Quien sí puede hacerlo es la inmobiliaria propietaria del edificio.

Estos empleados sacaron a los «okupas» de forma progresiva y les hicieron salir por el garaje del edificio, sin forcejeos, como explican los vecinos. Al cierre de esta edición quedaban aún cuatro pisos por «desokupar», entre ellos un español –la mayoría de los implicados son de origen latinoamericano–. En todo caso, los vecinos aseguran que les han dejado un «recuerdo»: «Hay dos coches con las llantas pinchadas».

La operación se mantuvo, por los menos, hasta las 00:00 horas, ya que aún estaban en el lugar los furgones de la empresa de «desokupación».

¿Hay más tranquilidad ahora entre los residentes? «Estamos más tranquilos», afirman a este diario. Sin embargo, esperan más acciones por parte de la inmobiliaria propietaria, ya que «los sistemas de seguridad» han fallado. Por el momento, la finca, a raíz de este caso, cuenta con vigilancia las 24 horas. Una iniciativa que esperan que no sea temporal y que siga. De hecho, recuerdan que, cuando firmaron sus contratos de alquiler, les aseguraban que contarían con vigilancia 24/7. «Es algo que no hemos peleado hasta que ha ocurrido lo de los okupas», confiesan. Además, recuerdan que ahora mismo están pagando de su bolsillo, con un compromiso de dos años, un sistema de videovigilancia, algo que nunca debería haber ocurrido.

Del mismo modo, esperan que se corrijan aspectos básicos, como el vallado del parking, ahora mismo a poca altura. Y es que, una vez echados los «okupas», es ahora cuando creen que pueden correr más riesgos. De hecho, los «pinchazos» del parking parecen confirmar este temor.

Prueba de lo desagradable de la situación es el hecho de que dos vecinos ya han optado por hacer las maletas y mudarse a otro sitio, a pesar de que el panorama comienza a despejarse.

Mientras, el Ayuntamiento de Madrid mostró una vez más su apoyo a estos inquilinos. En esta ocasión, fue el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, que denunció la «inacción» de la Delegación del Gobierno en relación a la lucha contra la okupación, motivo por el cual pidió al organismo dirigido por Francisco Martín que se ponga «manos a la obra» para trabajar sobre este asunto.

«Manifestar el apoyo a los vecinos, y, en segundo lugar, la excepción con la delegación del Gobierno, que está haciendo inacción de sus funciones en este caso», censuró el delegado.

González recordó que se ha «tenido que hacer uso de una empresa» para desalojar las viviendas, en vez de que el trabajo lo haya hecho la Delegación del Gobierno. «Es lo triste de esta situación», subrayó el concejal, quien ha pedido a la Delegación del Gobierno que «se ponga manos a la obra para luchar contra la okupación ilegal».

Ley Antiokupación

El Ayuntamiento aprovechó para «reclamar» al Gobierno de la nación que «retome esa ley Antiokupación que ya presentó el Partido Popular en el Senado. Queremos, y es necesario, porque así lo dicen hasta los propios vecinos, que esa ley se lleve al Congreso de los Diputados y se apruebe para luchar, de manera decidida y conjunta, contra la okupación ilegal».