Los ocho blindajes de Ayuso contra Sánchez

avisaba ayer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una declaración institucional tras conocer el acuerdo JuntsxCat y el PSOE. En realidad, toda una declaración de intenciones que vuelve a situar a Madrid como una de las autonomías más beligerantes contra la política de Pedro Sánchez. No en vano, en Sol ya auguran un aumento de la tensión entre el Gobierno central y el de Díaz Ayuso, en cuanto se produzca la investidura, ante la sospecha de que se pongan en marcha políticas que «castiguen» aún con más dureza a la región por la fuerte oposición al Gobierno que ofrece Ayuso como «dique de contención» frente a las políticas de Pedro Sánchez.

El Gobierno madrileño ya acumula una larga lista de agravios por parte del Gobierno central: ataques a su fiscalidad y las acusaciones de dumping fiscal; la infrafinanciación de Cercanías, un servicio con incidencias casi a diario por falta de inversión que convierte a los madrileños en «rehenes de las averías y retrasos de Renfe»; la descapitalización de instituciones, como la Agencia espacial española, con sede fuera de Madrid, pese a tener todas las condiciones para ubicarla en la región, o la idea de Sánchez de desconcentrar sedes y llevarlas fuera de la capital madrileña; las trabas a la colaboración público-privada con la «ley Darias», un modelo de referencia para Madrid; el ataque a la concertada y a la libertad de elección con la ley de Educación (Lomloe)... La lista es larga pero la presidenta madrileña ha conformado toda una acción de gobierno que, además de ser el «laboratorio» de las políticas populares, han tejido toda una estructura para tratar de blindarse frente al modelo sanchista que Ayuso tanto critica.

Alivios fiscales

Su política de bajada de la presión fiscal incluye la deflactación, por segundo año consecutivo, para compensar la subida de precios a los más vulnerables. Los Presupuestos de 2024 prevén una bajada de impuestos a nuevos inversores que proceden de otros países y deciden instalarse en Madrid. A todo esto se suman incentivos para luchar contra la despoblación para aquellos que se instalen en municipios con menos de 2.500 habitantes. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ya ha dicho que todavía hay margen para seguir bajando impuestos a lo largo de 2024.

Desde enero de 2022, Madrid es la única región de toda España que carece de tributos propios. Se suprimieron. Lo mismo que el recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas. El último desafío a Sánchez ha sido el anuncio, esta semana, de que Madrid recaudará directamente el impuesto a las grandes fortunas, que en la Comunidad estaba muy bonificado. Ayuso reacciona así al fallo del TC que avala el impuesto a las grandes fortunas de Sánchez. Recuperará el impuesto de Patrimonio, pero lo compensará después con nuevas bajadas fiscales que alivien el bolsillo.

Independencia judicial

En febrero pasado, la Asamblea regional ratificó el proyecto de ley del Gobierno autonómico para que sean los jueces quienes elijan a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y no la Asamblea, como ocurría hasta ese momento. Con ello, se trata de primar en los nombramientos tan solo los requisitos de mérito y capacidad. El espíritu de la reforma es el de reforzar la independencia de este órgano.

Blindaje educativo

Como reacción a la «Ley Celaá», Ayuso ha tratado de blindar la educación con otra norma autonómica que proteja, expresamente, la educación especial y la concertada. La norma, conocida como Ley Maestra, incluye el compromiso de la libre elección de centro, una de las banderas educativas de Ayuso. Revisó los libros de texto para evitar contenidos ideológicos e incorporó otros que considera esenciales y que el currículo estatal deja fuera.

Memoria histórica

Ayuso ha impulsado la ley de Patrimonio Cultural para reforzar la protección, conservación y difusión de todos sus bienes. Con esta ley autonómica el Gobierno de la Comunidad de Madrid da protección a la cruz del Valle de los Caídos, una medida que contrasta con la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de «resignificar» el monumento franquista con la Ley de Memoria Democrática.

Freno a la Ley de Vivienda

El pasado mes de julio, el Gobierno autonómico anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda del Gobierno central al considerar que varios de sus artículos invaden competencias autonómicas. En su día Ayuso habló de esta normativa como «un ataque frontal e inaceptable contra la libertad de la propiedad, que es un derecho constitucional, y la inversión y, encima, va a encarecer la vivienda porque va a frenar el desarrollo», sentenció.

Ahorro energético

Hace poco más de un año, Ayuso dio orden a los servicios jurídicos de la Comunidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad y la personación ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 29 del Real Decreto-Ley 14/2022, de 1 de agosto, con las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno central. Ayuso valoró entonces la medida como una manera de actuar « arbitraria, autoritaria y, sobre todo, que atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos, en un momento muy difícil para ellos. Invade competencias sin justificación, especialmente en materia de educación y comercio, y sin haber razones de urgencia», sentenció.

Subvención al transporte

Otra de las medidas puestas en marcha para combatir la inflación y los altos precios de la gasolina fue el incremento al 60% de la reducción del precio de los abonos de transporte público de 30 días en 2023. La Comunidad de Madrid subvenciona en un 60% el precio, en lugar del 50% que había pedido el Gobierno.

Estos descuentos en el transporte se mantendrán, previsiblemente, si a lo largo de 2024 el Ejecutivo central decide continuar aplicando los que afectan al transporte de Cercanías, como todo parece indicar que ocurrirá.

Reparto de fondos europeos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid también presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España por el reparto de fondos europeos al considerar que se había hecho de manera «arbitraria». La queja de Madrid es que se asignó una cantidad al País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura «al margen del reparto aprobado» y sin que existiera «ninguna razón que explique por qué la reciben más allá del cauce». Madrid también se adelantó al Gobierno central al poner en marcha una herramienta propia de control de los fondos europeos que ofrece datos de ejecución en tiempo real de las ayudas europeas.