El futuro es inevitable y, por mucho que se diga, prevalece la frase del gran dramaturgo heleno Esquilo: «nadie puede acertar con él». En el caso de España lo más inmediato que tenemos en la guerra de la pandemia ya tiene su data: 15 de octubre próximo. Para entonces, La Moncloa tendrá que haber presentado a la Comisión Europea, en Bruselas, un programa de trabajo para los próximos dos años. Incluyendo los proyectos concretos de inversiones con base en créditos, y los que sean a financiar con subvenciones, sin devolución. Para corresponder así a los 140.000 millones de euros del Fondo Europeo de Recuperación que podrán ser asignados a España. Se supone que la señora Calviño tendrá un equipo trabajando en ese repertorio de actuaciones, para que efectivamente se aprueben, por la propia Comisión y también por el Parlamento Europeo, donde quieren saber en qué va a invertirse el dinero que nos llegue de Bruselas. A medio y largo plazo hacen falta infraestructuras de todo tipo. No sólo de transportes (puertos, aeropuertos, autopistas, carreteras, etc), sino también lo que llamamos economía digital y circular, inteligencia artificial, G5, etc. Tiene que haber un telón de fondo de mejora del entorno de competitividad de las empresas españolas. Y no menos importante: queda el reto demográfico, pues necesitamos una política de población para compensar el bajo crecimiento vegetativo y diseñar unas migraciones que tengan sentido para los que están aquí y los que lleguen de fuera. Programar es importante. Muchas veces, las inversiones insuficientemente pensadas, se traducen en derroches por sobredimensionamiento, obsolescencia ex-ante, o mala planificación. Lo cual es lamentable en una sociedad de democracia avanzada, en donde el contribuyente tiene pleno derecho a que los recursos que se le retiran de su haber, tengan un retorno de utilidad y progreso. El mercado no está reñido con la programación basada en la Cooperación Público Privada (CCP).