Entre olivos de más de 300 años y cosechas que dan de comer a decenas de personas, Antonio Miguel, agricultor de Jaén con 48 años de trabajo en el campo como autónomo a la espalda, ve cómo su mundo se desmorona. En nombre de la transición ecológica y utilizando una ley anterior a la democracia, cientos de agricultores afectados se ven obligados a entregar sus olivares para que «planten» en ellos megaplantas solares. Las granjas de paneles serán operadas por las empresas Greenalia y FRV Arroyadas, con capital español y saudí, respectivamente.

En la labor de Antonio, que tiene unas 3-4 hectáreas de olivar, trabajan «por lo menos 18 personas» recogiendo aceitunas. Es un campo familiar, que heredó de sus antepasados y que pretende legar a sus nietos. Ahora, parte de su finca –cuidada durante generaciones–, será atravesada por una línea de tensión que forma parte de un gran proyecto fotovoltaico, según lo proyectado, estará en funcionamiento al menos 30 años.

«Desde que he sido niño mi ilusión y mi vida ha sido trabajar en el campo. No es justo», cuenta en conversación telefónica con este periódico. La voz de Antonio se quiebra al otro lado de la línea, como ya le sucedió durante su aparición en el programaEspejo Público de Antena 3, donde denunció el aumento de expropiaciones está ocasionando un drama que pensó «imposible en plena democracia» y calificó el modus operandi como el propio de una «dictadura».

El agricultor jienense explica que, si bien le ofrecieron un contrato de arrendamiento, no hubo margen de elección: «He firmado porque me han acorralado. Eso no es un acuerdo, o te tiras o te empujan», lamenta, mientras denuncia que ningún representante de la administración pública les informó debidamente de lo que iba a pasar, ni les ha visitado hasta hoy.

Según estimaciones de la Plataforma Campiña Norte contra las megaplantas solares, se calcula que podrían arrancarse hasta 100.000 olivos en la potencia estimada (400 MW), que pertenecen a unos 150 agricultores. La promotora Greenalia reduce esa cifra a 35.932; FRV Arroyadas no se ha pronunciado. La discrepancia no impide que el conflicto haya prendido con fuerza en los pueblos afectados.

Lopera, Arjona y Marmolejo son los epicentros de una revolución energética que avanza tan rápido en España, que en ocasiones no deja margen a que se den procesos consultivos y abiertos con las comunidades rurales que la albergan. En total, los siete proyectos de Greenalia —Zumajo I y II, Marmolejo Solar I y II, Guadame II, III y IV— ocuparán 554 hectáreas y sumarán 310 MW de potencia instalada, según datos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y confirmados por la empresa.

Los agricultores se quejan también de que estos olivos que alimentaron generaciones (y que son motivo de orgullo para toda España, gracias al preciado aceite de oliva virgen que producen) están siendo expropiados bajo una normativa que data del franquismo. Se trata de la Ley del Sector Eléctrico, que permite declarar de utilidad pública cualquier instalación con más de 3 megavatios, lo que facilita el uso de la expropiación forzosa. A cambio, los propietarios reciben una indemnización. Pero muchos dicen que el proceso ha sido poco negociado.

Un campo que no especula

«O arriendas o te expropian», asegura Antonio. «Muchas empresas habrán visto los cielos abiertos por ese montante, pero muchas familias [sus trabajadores] no van a poder contar con el sustento de su vida», denuncia. En su voz hay una mezcla de tristeza, rabia y dignidad. «Lo que yo quiero que la gente tenga futuro. Quiero que del campo coma mucha gente. Siempre he dicho que las cosas repartidas son las que van bien».

Aunque los afectados reciben compensaciones, no todos creen que sean justas ni que puedan sustituir décadas de trabajo. Antonio asegura que «nosotros cuidamos mucho del campo y nuestras tierras producen más de 2000 y pico euros. De hecho, fíjate lo que te digo, tengo el dinero guardado por si se pudiera echar para atrás. No lo quiero». Él habla de defender un campo que da de comer, no uno con el que se especula.

Una queja que además es recurrente entre los vecinos, es que se podrían haber instalado las plantas en suelos de menor calidad, menos fértiles. «Oímos decir que Moreno Bonilla tenía pensado poner placas fotovoltaicas en Andalucía, en sitios de poca producción. Pero han venido a «chupar de la teta», es decir, a lo cómodo; a lo llano, a lo bien trabajado. Estamos de acuerdo en las placas, son buenas, pero no en el sitio. Quitar olivos aquí, duele. Dicen que dejarán las tierras igual cuando se vayan dentro de 40 años, pero nosotros la cuidamos diariamente, no va a quedar igual», afirma.

Así pues, el modelo de transición energética basado en megaplantas solares plantea un dilema: ¿se puede hablar de sostenibilidad cuando el precio lo paga el tejido rural? Los proyectos pasaron por el trámite de información pública y han sido declarados de utilidad pública, lo que permite su ejecución. Pero muchos afectados denuncian falta de comunicación, opacidad y presiones, y piden, que la nueva España no olvide sus raíces.