El cambio climático cambia los modelos de negocio

El Acuerdo de París (2015) marcó un antes y un después en la implicación del sector privado en la lucha contra el cambio climático. En este tiempo no sólo se han redirigido las inversiones financieras hacia la descarbonización, sino que cada vez es mayor el control que se hace sobre los riesgos económicos que supone el cambio climático en las cuentas. «El concepto de finanzas sostenibles, como su propio nombre indica, supone que se tengan en cuenta criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en las inversiones que hacen las empresas. Incorporar la sostenibilidad en la toma de decisiones empresariales es beneficioso para el planeta y para las empresas, porque las sitúa mejor frente a los competidores y frente a los riesgos de la crisis climática», afirma Raquel García Monzón, responsable de Energía en WWF.

El último informe Dow Jones Sustainability Index 2022, uno de los grandes análisis sobre sostenibilidad a nivel global, incluye a 15 grandes empresas españolas entre las más sostenibles del mundo. Entre ellas figuran Banco Santander, Acciona, Inditex, Enagás, Endesa, Iberdrola o Siemens Gamesa.

Pero, ¿qué es lo que ha motivado este cambio de las empresas? «Hay algunos drivers que explican esta tendencia hacia la sostenibilidad. El primero es la regulación. El 70% de los países cuentan con objetivos para lograr la neutralidad climática. Europa lo ha establecido como objetivo para 2050 y la palanca en al que se apoya es la regulación. El segundo serían los inversores y el tercero, los consumidores. Dependerá del tamaño y del tipo de compañía, un driver u otro le afectará más», apunta Pablo Bascones, socio de Sostenibilidad y Cambio Climático en PwC. Desde la Fundación Ecodes, su director Víctor Viñuales matiza que «las empresas han dejado de hacer solo dinero para preocuparse por el sentido de su modelo de negocio, es decir, por crear valor en la sociedad. Y es que, por un lado, está la inversión y, por el otro, el balance de riesgos económicos derivados del cambio climático. En la Cumbre del Clima de Glasgow más de 400 entidades financieras se comprometieron a poner encima de la mesa más de 100 billones de euros para financiar la descarbonización. Los inversores y empresas saben que ahí hay dinero en descarbonización. En cuanto a los riesgos, tenemos un ejemplo en el Banco Central Europeo, que ya exige a las entidades que hagan informes para ver en qué medida están expuestos a los riesgos del cambio climático. Por ejemplo, si tienen muchos inversores en agricultura y se están viendo afectados por más periodos de sequía...», dice el directivo.

Las grandes empresas son una cosa, pero ¿qué pasa con las pymes? Las pequeñas y medianas empresas crean el 50% del PIB mundial y el 60% del empleo, además de conformar el 90% del tejido empresarial, según datos de las Naciones Unidas. Se tiende a pensar que las empresas más reducidas tienen más dificultad a la hora de adaptarse a las normativas, sin embargo, un reciente estudio titulado «Small Business, Big Opportunity», realizado por SAGE (empresa de software de gestión empresarial) indican que la sostenibiliad ya es un valor central o importante para el 55% de las pymes de España. Las empresas más pequeñas están trabajando, sobre todo, en reducir el consumo de energía y la cantidad de residuos que generan.

En cuanto a la regulación, es innegable que en Europa desde que se aprobara el Pacto Verde, es numerosa la normativa que empuja al sector privado hacia su descarbonización. Ahora mismo hay dos directivas que se están negociando y que intentan dirigir aún más los esfuerzos de las empresas. Una se basa en el reporting, es decir, en cómo tiene que informar una compañía sobre su negocio, y la otra «pretende impulsar la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en toda la cadena de valor. Por ejemplo, obligaría a responder a las empresas si cumplen alguna irregularidad», dicen desde WWF.

Arancel al carbono

La llamada Directiva europea sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad se aprobó el pasado 1 de junio en el Parlamento y ahora se encuentra en la fase de negociación por trílogos. Entre las organizaciones conservacionistas se la considera un hito importante en la transición hacia una nueva era de responsabilidad corporativa, porque las empresas deben asumir el daño ambiental que causan o identificar impactos ambientales y sobre los derechos humanos de forma más amplia. «Se aplicaría a toda la cadena de valor y serviría para identificar riesgos y mitigar los impactos potenciales. Se exige a las empresas monitorizar las medidas que adoptan, su cumplimiento. Consideramos que es una oportunidad para mejorar el comportamiento del sector privado, aunque desde WWF pedimos algunas cosas, por ejemplo, que se incluya al sector financiero en la directiva», matiza García Monzón.

También encima de la mesa está el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE, una pieza fundamental del Pacto Verde. El objetivo es gravar las importaciones de productos con un alto contenido en CO2 (inicialmente hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes...) provenientes de países sin una legislación climática equivalente a la de la UE. Una forma de garantizar la coherencia entre los objetivos climáticos y la política comercial y evitar una fuga de empresas del territorio europeo. Estará operativa en 2026 (desde octubre de 2023 los importadores tendrán simplemente que calcular e informar sobre el CO2 de sus productos). «El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono no sería necesario si todos los países del mundo compartieran una misma política de reducción de emisiones», dice en un documento El Real Instituto Elcano en el que también analizan algunos de los problemas que se pueden generar con esta regulación: «pérdida de competitividad de los productos europeos, un impacto negativo en los países más vulnerables al cambio climático o represalias comerciales en un contexto de guerra de subsidios», dice.

Hay que recordar que EE UU aprobó su mayor plan de inversiones climáticas de la historia, la Inflation Reduction Act al poco de estallar el conflicto en Ucrania. «Algunos estudios apuntan a que en países en desarrollo se verían afectados en más del 2% de sus exportaciones y del 1% de su producción». Además, dice, «El grupo BASIC (que incluye Brasil, Sudáfrica, la India y China) presentó una declaración afirmando que las medidas unilaterales y prácticas discriminatorias como los impuestos al carbono en frontera deben ser evitados ya que trasladan injustamente a los países en desarrollo la responsabilidad de la reducción de las emisiones».

¿Es posible una economía neutra en carbono para 2050? Para los consultados es posible llegar a la neutralidad, pero los esfuerzos deben ser mayores. «Es factible porque cada vez hay más tecnología más eficiente y barata. Sin embargo, no hay que olvidar que tenemos 27 años para cambiar un modelo productivo construido a lo largo de dos siglos. Hay que aclarar, también que neutro en carbono significa que se va a seguir emitiendo, pero solo la cantidad que puedan absorber los bosques del planeta», dice Bascones desde PwC. Entre los restos pendientes, dice, «está encontrar nuevas fuentes de financiación, superar problemas tecnológicos o, incluso la falta talento, gente que sepa dentro de las empresas».

Europea se posiciona frente al greenwashing

Hace escasos días, las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA – ESA) hacían públicos su Informe sobre Greenwashing en el sector financiero. «Esta práctica puede inducir a error a los consumidores, inversores u otros participantes del mercado», detallaban los tres supervisores. Europa está decidida a poner coto al lavado verde y ha decidido establecer normas más concretas sobre las declaraciones ambientales, además de una prohibición general de la publicidad engañosa. La propuesta se basa en las declaraciones expresas o en las etiquetas ambientales, de las que existen ahora mismo al menos 230 diferentes. «Mucha gente solo se fija en quién cuenta más de lo que hace o lo exagera, es decir, en el greenwashing. Sin embargo, no hay tanto escrutinio social con las empresas que no dicen nada y que tampoco hacen nada por el medio ambiente», matiza Víctor Viñuales desde la Fundación Ecodes.