Una tasa municipal de basuras que no incentiva el reciclaje

Facua–Consumidores en Acción ponía en marcha hace unos días una plataforma para quienes quieran reclamar a su municipio la devolución de la nueva Tasa de Gestión de Residuos (TGR). Consideran que en muchos casos ha sido aplicada de forma «irregular».

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, resulta de la trasposición de la Directiva Europea. El texto establecía un periodo de tres años para que todas las entidades locales contasen con una tasa diferenciada que reflejase el coste real del servicio. Introducía el concepto de pago por generación de residuos y planteaba proporcionar incentivos a quienes hagan una buena separación en origen de los residuos reciclables. Una de las claves del rechazo hay que buscarlo en el el aumento de los costes que supone para la ciudadanía pagar por el servicio de recogida y gestión de basuras. «La mayoría de entidades locales han sido muy lentas en adoptar las medidas exigidas por la ley. Para muchas ha supuesto un reto, pero han perdido un tiempo valioso», comenta Ignasi Puig, director del estudio «Las tasas de residuos en España 2025» y miembro de Fundación ENT. El análisis apunta a que el valor medio de la tasa doméstica en 2025 asciende a 116,32 euros por vivienda, frente a los 100,12 euros de 2024, lo que supone un incremento del 16,2 %. La cuantía varía según el municipio, ya que son las administraciones locales las encargadas de calcularla, lo que genera diferencias de hasta 230 euros anuales según el lugar de residencia. Las tres capitales de provincia con medias más elevadas son Valencia (287,56 euros al año), Girona (238) y Tarragona (236,29). En el otro lado figuran Toledo (56,87 euros), Palencia (57,41) y León (62,53).

Forma de aplicación

Otra de las quejas tiene que ver con la forma en la que se está aplicando la tasa. No paga más quien más contamina, sino que se atiende a otros factores. Según el estudio, «el 34,7 % de los municipios analizados mantiene tasas domiciliarias con una cuota fija para todos los hogares; en un 32,82 % de los casos se tiene en cuenta la superficie; en un 9,16 %, el valor catastral; en un 8,40 %, el número de habitantes, y en un 7,63 %, el consumo de agua. Los sistemas de pago por generación, que ajustan la cuota según la cantidad de residuos producidos y la recogida selectiva efectiva, siguen siendo minoritarios en España».

Por eso, entidades de consumidores como Facua animan a reclamar la nueva tasa, porque consideran que no está justificada y que se aplica de forma irregular, al menos en Madrid, Badajoz, Valencia, Salamanca, Segovia, Soria, León y Zamora. «No planteamos que se elimine, sino que se aplique bien. Por la forma en la que se ha hecho es como si mañana todas las viviendas de una ciudad pagaran 300 euros de IBI sin que importara si la vivienda es de 40 metros o de 500. Para incentivar el reciclaje, el ciudadano debería tener forma de acreditar al ayuntamiento que está separando bien, y que merece que su tasa sea inferior a la de otro que genere una enorme cantidad de residuos. En muchos municipios europeos existen fórmulas, por ejemplo, tarjetas electrónicas que abren los contenedores y registran lo que depositas para luego aplicarte beneficios fiscales. O contenedores especiales para separar ciertos residuos. Además, Bruselas planteaba cobrar una tasa a cambio de que el ayuntamiento aplicase mejoras en los protocolos de separación y reciclaje, pero eso tampoco lo vemos», comenta Rubén Sánchez, secretario general de Facua.

Punto de partida

Para Eduardo Perera, director adjunto de la Fundación Conama, «estas tasas –que ya eran habituales en localidades de Cataluña– son un buen punto de partida para saber exactamente cuánto les cuesta a los municipios el servicio de recogida y gestión de los residuos». Recuerda que no es un impuesto, sino una tasa por un servicio. «El objetivo es tener una contabilidad clara para luego mejorar y optimizar costes, además de desarrollar sistemas que reduzcan los residuos que acaban en vertedero y premien a quienes lo hagan mejor. Lo polémico ha sido cómo se ha aplicado. En algunos casos se ha hecho a través de métodos indirectos porque métodos directos, como pesar la basura individual, resultan inviables económicamente. Es verdad que cuantas más personas viven en una casa, en teoría más residuos se generan, pero en los pisos turísticos puede no haber nadie y aun así se genera basura. Las aproximaciones son imperfectas y se están usando para poner en jaque la ley. Pero poner una tasa es algo habitual en Europa: permite ser más transparentes y que cada municipio sepa qué está costando la gestión de residuos. Antes las partidas estaban muy disgregadas: la recogida por un lado, los camiones por otro metidos como parte del parque móvil, los contenedores los compraba otra unidad, el personal lo gestionaba otra… Ahora al juntarlos se verá el coste real. La gestión de residuos es el primer o segundo gasto más grande de un municipio».

Pagar dos veces

Otra de las reclamaciones de Facua es que «la tasa debe estar justificada económicamente y sus costes deben contemplar los ingresos que recibe el ayuntamiento a través de los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que ya contribuyen a financiar el servicio». La asociación denuncia que los consumidores acaban pagando «el doble», ya que durante la compra de productos abonan una cantidad destinada a su gestión y reciclado. «No queremos pagar dos veces», señala Sánchez.

Algo similar apunta Rosa García, directora general de la Fundación Rezero. «La tasa sigue poniendo el foco en el consumidor, pero creemos que es importante que haya una redistribución de las responsabilidades. En un mundo ideal, las personas consumidoras solo deberíamos preocuparnos de la separación de la orgánica. El resto de lo que llega y se convierte en residuos son productos que fabricantes y distribuidores han puesto en el mercado. Son ellos quienes deberían soportar realmente el coste de la gestión». La entidad ha monitorizado durante años los envases ligeros y considera que el coste asumido por los SCRAP no cubre el 100%. «Ha ido aumentando, pero aún hay una parte importante que asumen los municipios. Además, por ejemplo, desde 2025 es obligatorio que los ayuntamientos recojan de forma selectiva el textil y eso no lo está pagando nadie. Pasa también con los muebles y ha sucedido con las cápsulas de café. Creemos que lo importante es que los productores asuman realmente el coste de los residuos que generan. La tasa debe aplicarse, pero hay posibilidades para que sea justa, con incentivos como los de Barcelona –reducciones para quienes utilizan el punto verde– o Formentera –bonificaciones para quienes hacen compostaje doméstico–.

Y es que el estudio de ENT es claro. Ahora mismo, solo el 19,1 % de los municipios con tasas contempla algún beneficio fiscal ambiental para domicilios, siendo el uso de puntos limpios, el compostaje doméstico y la correcta separación de residuos los criterios principales. El 61,1 % de los municipios cuenta con algún tipo de beneficio fiscal domiciliario, pero, las deducciones se aplican a rentas bajas (39,7 %), pensionistas (22,1 %), personas en riesgo de exclusión social (22,9 %) y familias numerosas (17,6 %).

Los nuevos ingresos no cubren los gastos de la gestión de residuos

►Según el mismo estudio mencionado «Las tasas de residuos en España 2025» de la Fundación ENT, existe otro problema añadido con el establecimiento de estas nuevas tarifas que incumple lo que establece la ley 7/2022 y es que a pesar del aumento de hasta un 30% en aquellos municipios que ya la tenía (y de la aparición en aquello que no), la cobertura media apenas alcanza el 65,5 % de los costes del servicio y del gasto total en materia de residuos.

Es decir que si se calcula que los gastos totales por la gestión de residuos supone unos 5.325 millones de euros de gasto anuales, los ingresos que suponen estas tasas cubren hasta 3.488 millones. «Es un incremento de casi 12 puntos respecto a 2024, pero sigue lejos del 100 % que exige la ley para cubrir los costes de recogida, gestión y tratamiento. ¿Significa esto que podría volver a aumentar? Algunos medios consideran que ese riesgo está ahí. Es lo que creen, por ejemplo, en la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local.