Los transportistas, en pie de guerra contra el Gobierno por los futuros peajes

Las asociaciones profesionales de transportistas, tanto autónomos como empresas del sector, están indignadas con la medida que prepara el Gobierno de cobrar peajes por circular por las carreteras española sin haberse aún sentado a negociar con este sector o, al menos, informarles de las intenciones y de cómo se va a desarrollar el nuevo impuesto que amenaza la viabilidad de muchos pequeños y medianos empresarios.

Estiman los profesionales de este sector que, pese a que el Gobierno ya trabaja en el Anteproyecto de ley de establecimiento de peajes en las autovías con la intención de aprobarlo en Consejo de Ministros antes de que acabe el año, las asociaciones de transportistas siguen sin haber recibido información oficial alguna pese a ser el colectivo más afectado. La patronal que agrupa a las empresas de transporte, Fenadismer, recuerda el compromiso del Gobierno suscrito en Julio de 2019 de no implantar ninguna media recaudatoria por el uso de las carreteras sin el consenso previo con las asociaciones de transportistas.

Afirman que, desde que se anunciara en el mes de abril la intención del Gobierno de establecer un mecanismo de pago por el uso de las carreteras en España las organizaciones del sector del transporte por carretera siguen sin haber recibido una propuesta concreta por parte del Ministerio de Transportes sobre su intención en relación a dicha medida y el impacto económico que tendrá sobre el sector del transporte. Por ello, entre los autónomos como entre las empresas hay un gran malestar y rechazo por la actuación llevada a cabo por diferentes representantes del Gobierno durante estas semanas, haciendo declaraciones públicas en los medios de comunicación sobre su intención, sin haberse sentado previamente a negociar con los principales afectados por dicha medida, como son los transportistas profesionales.

De hecho, según se ha anunciado, el Ministerio de Transportes ya trabaja en el texto del Anteproyecto de Ley con la intención de aprobarlo en Consejo de Ministros antes de que acabe el año, para que una vez aprobada definitivamente la ley, se establezca un plazo de 2 a 3 años para desarrollar los instrumentos normativos y crear la infraestructura técnica necesaria en la red viaria que permita implantar el sistema de pago a nivel nacional. El Gobierno sabe que el principal rechazo a este nuevo impuesto va a venir por parte del colectivo de transportistas profesionales, tomando como referencia la experiencia vivida en Francia, en la que el Gobierno galo intentó hasta en cinco ocasiones establecer una tasa similar en las carreteras francesas, lo que contó con un fuerte rechazo por parte de los transportistas de aquel país, obligándole a abandonar dicho proyecto. Algo que podría ocurrir también en España dado que este incremento de costes no podrá ser repercutido en muchos casos, lo que llevaría a la quiebra a cientos de transportistas.