La política del Gobierno pone en peligro el futuro de las fábricas españolas

La inacción del Gobierno por una parte, y la política en contra del automóvil que está llevando a cabo en los últimos tiempos amenazan la continuidad a largo plazo de varias de las factorías de automóviles establecidas en España. Parece que el Ejecutivo actual no ha aprendido nada de lo sucedido con Nissan, que cerró sus tres centros de producción en Barcelona a pesar de que el presidente Sánchez aseguró que su continuidad estaba garantizada. Almussafes, Landaben, Martorell, Vigo, Villaverde o Figueruelas son algunas de las instalaciones que están pendientes de los planes de futuro que garanticen su continuidad. La falta de concreción por el momento de la política de asignación de los 2.975 millones de las ayudas europeas reservadas al PERTE, que deberían emplearse para la promoción de los vehículos eléctricos y su infraestructura, podrían servir de impulso para que algunos de los más importantes fabricantes del mundo decidieran sus inversiones de futuro para fabricar nuevos modelos eléctricos en sus plantas establecidas en España. Pero, por el momento, no está siendo así y la política que está siguiendo el Gobierno parece diseñada en contra del automóvil.

Así lo acreditan acciones que ponen de manifiesto que el sector del motor no está mereciendo por parte del Gobierno la atención que debería tener una industria que representa el 11% del PIB, el 9% del empleo o el principal ingreso en la balanza de pagos de las exportaciones. Por ejemplo, el endurecimiento de las multas al automóvil a partir del 21 de marzo, el retraso en el cobro de las ayudas del Plan Moves, la negativa a suprimir el IVA de los coches eléctricos como ocurre en otros países como Portugal, los retrasos en la creación de una red de infraestructura de recarga eléctrica o, desde el pasado 1 de enero, el aumento del impuesto de matriculación gracias al cual el 40% de los compradores de coches nuevos verán incrementada su factura. Hace unos días, el director general de Renault en España comentaba lo difícil que es explicar en su central de Paris la situación de un impuesto que es mayor que el de diciembre, pero igual que el de junio. Que se bajó, para luego volverlo a subir…

Y mientras tanto, las ayudas del PERTE, aunque ya están publicadas las bases para poder acceder a los fondos, falta lo más importante que es establecer los plazos para la convocatoria que no llegará, a lo mejor, hasta otoño. Y mientras se anuncian más ayudas públicas para que la china Great Wall se haga cargo de las instalaciones de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Con ello se demuestra que el cierre de plantas puede ser una realidad, como ya ha ocurrido en otros países europeos como Francia, Alemania o Gran Bretaña. Pero, con el mayor peligro de que los gobiernos de otros países europeos han avanzado ya en sus ofertas a los fabricantes y España sigue sin ofrecer ningún tipo de ayuda. Y con el agravante de que, si el futuro pasa por el coche eléctrico, las infraestructuras de recarga se encuentra en la cola de Europa.

Tavares da la voz de alarma

Sobre toda esta situación, las palabras de hace una semana del consejero delegado del grupo automovilístico Stellantis (Fiat-Peugeot), Carlos Tavares, sonaron como una voz de alarma que no debería pasar inadvertida. El directivo portugués lanzó una seria advertencia sobre la actividad de su grupo en España por «la falta de interés que está demostrando el Gobierno» en un momento en el que, a su parecer, hay que actuar muy rápido para adaptar la producción a los retos de la transición energética.

Reveló Tavares además, que tiene planes avanzados para instalar fábricas de baterías en Europa: una de grandes dimensiones en Francia, otra en Alemania y se encuentra en negociaciones con el Gobierno italiano para construir una tercera en Térmoli. Y, a pesar de que el grupo Stellantis tiene en España tres factorías importantes, en Vigo, Zaragoza y Villaverde, sus posibilidades son menores ya que, según sus palabras, «no es uno de los países que se han movido rápidamente y además allí las ventas de coches eléctricos son más bajas que en otras partes». Tavares se mostró dispuesto a negociar con el Gobierno español, pero aún no ha sido convocado a ninguna reunión.

Tavares avisó también que «España tiene que decidir si después de haberse convertido en el segundo país fabricante de coches en Europa tras Alemania, quiere perder todo lo conseguido en los últimos 30 años. Un esfuerzo que puede perderse si el Gobierno no se mueve con rapidez y dinamismo ya que las cosas van muy, muy rápido». Hay que señalar que Stellantis es un grupo con 14 marcas y tres fábricas en nuestro territorio y una estrategia de electrificación muy ambiciosa, con 33 vehículos electrificados actualmente, a los que se añadirán otros 8 eléctricos en los próximos 18 meses. Esto supondrá unas inversiones de más de 30.000 millones de euros hasta 2025 para la electrificación y las innovaciones en digitalización y el próximo 1 de marzo presentará su estrategia de largo plazo.

Las declaraciones de Tavares fueron inmediatamente ratificadas por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que calificó de «enorme cacicada» el consorcio del Gobierno central con Seat e Iberdrola para activar la primera fábrica de baterías de España. «El señor Tavares puso sobre la mesa la verdad, que de la automoción sabe más del sector que los políticos», indicó el presidente gallego que cree que se puede poner en peligro a una industria como la de Vigo, estratégica para España y de forma significativa para Galicia. Opina Núñez Feijóo que el sector de la automoción está «en una situación crítica, por lo que no se debería jugar con él. Es determinante para la mayoría de comunidades, para Galicia sin duda. Si cae la automoción, Galicia tendría un problema económico de primer nivel», por lo que ya ha manifestado su preocupación en la línea explicitada por Tavares, y explicó que, para cumplir con los objetivos de descarbonización es necesario que los costes para adquirir vehículos con la nueva tecnología eléctrica sean aceptables para los consumidores.

Navarra y Martorell

Dado que la normativa de la UE establece la prohibición de vender coches con motores de combustión interna a partir del año 2035, está claro que todos los fabricantes orientan su producción hacia el coche eléctrico o de pila de combustible. Y la asignación de estos nuevos modelos determinará el futuro de las fábricas y su viabilidad a medio y largo plazo. Y como las decisiones se toman en las centrales de las empresas automovilísticas, que no están precisamente en España, nuestras factorías están pendientes de las ayudas que las hagan competitivas frente a las ventajas que ofrecen otros países. Asi por ejemplo, el grupo Volkswagen tuvo una reunión a principios de diciembre para decidir el lugar de fabricación de su nueva generación de coches eléctricos. Aún no se sabe el resultado de la decisión, pero si la situación de inacción del Gobierno continua por la misma línea que hasta ahora, la fábrica de Landaben, en Navarra, que optaba por algún modelo nuevo de coche electrificado, podría tener su futuro a medio plazo hipotecado. Porque los actuales Polo y Taigo no son modelos eternos. Esta misma situación puede darse en la fábrica SEAT de Martorell, preparada para recibir modelos electrificados del grupo.

Almussafes, en peligro

Lo mismo puede decirse de la Ford de Almussafes, que da trabajo a 6.000 personas y que se juega su futuro frente a la planta alemana de Saarlouis. Ford ha anunciado que en 2030 solo venderá coches electrificados y si bien es cierto que en Valencia se producen híbridos e híbridos enchufables, no tiene asignado ningún modelo eléctrico puro y sólo quedan por asignar dos vehículos de este tipo de lo que quiere fabricar hasta el final de esta década. La decisión sobre estos dos proyectos se tomará al parecer antes del verano y no hay noticias de que el Gobierno haya establecido negociaciones al respecto.

Almussafes fabrica actualmente el Kuga, que es el grueso de su producción, además de los Mondeo, Galaxi y S-Max. Pero estos tres últimos dejarán de hacerse durante el año que viene. Quedará toda la factoría sólo para el Kuga, lo que la hará económicamente inviable. El fantasma de Nissan y su cierre podría volver a planear, esta vez en otra ciudad más al sur del Mediterráneo español.