El Gobierno central retendrá parte de la financiación de Murcia

El Gobierno de España retendrá parte del dinero que debe de entregar a la Comunidad de Murcia en virtud del sistema de financiación autonómica como "castigo" por haber incumplido durante dos meses seguidos el objetivo medio marcado de periodo medio de pago a proveedores, fijado en 60 días.

En concreto, el Gobierno central retendrá parte del dinero de las entregas a cuenta que corresponden a la Región, según ha hecho saber el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, quien ha criticado este "injusto castigo" por un montante todavía por especificar y que la Comunidad tendrá que negociar ahora con el Gobierno de España.

En concreto, el Gobierno regional deberá comunicar al Ministerio cuál es la deuda comercial que tiene en este momento la Comunidad y, en base a ello, el Estado calculará el dinero que retendrá para pagar de forma prioritaria a los proveedores. "En vez de que la Comunidad pague a los proveedores, ahora el Gobierno central hará el pago directamente", ha manifestado Celdrán.

En este sentido, el consejero ha explicado que la deuda comercial (las facturas que la Comunidad debe a los proveedores) se elevaba a 200 millones de euros a finales del año 2019, aunque este montante varía de un mes a otro.

Celdrán ha señalado que el Gobierno murciano recibió este martes un requerimiento enviado el pasado viernes por el Ministerio de Hacienda comunicando que imponen este "nuevo escalón de medidas restrictivas" al Presupuesto de la Comunidad. El motivo es que la Región superó en agosto y septiembre de 2019 el objetivo medio marcado de periodo medio de pago a proveedores.

Esta retención es una medida contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ya se aplicó en Aragón y Extremadura en 2017, y la penalización no acaba hasta que pasan seis meses seguidos con un periodo medio de pago por debajo de 30 días, ha lamentado Celdrán.

Ha advertido que la retención por parte del Gobierno central generará “tensiones de tesorería” y afectará a otros gastos de la Comunidad. Así, la Consejería de Hacienda ya está estudiando cómo solventar este problema para evitar que afecte al gasto corriente de la Comunidad o al capítulo 1, correspondiente a las nóminas de los funcionarios.

NUEVO ESCALÓN DE MEDIDAS RESTRICTIVAS

Celdrán ha echado la culpa de esta situación a la "infrafinanciación" que "condena a la Región de Murcia con un sistema injusto" de reparto entre las comunidades autónomas. Además, lo achaca a que el Ministerio de Hacienda "tenía guardado en aquel momento en sus cajones 234 millones de euros de todos los murcianos que se tenían que haber pagado antes del verano pasado".

En concreto, lamenta que el Ministerio tenía en sus "cajones" 85 millones del IVA "que ya avanzan que nos podemos olvidar de ellos", y 148 millones de euros de las entregas a cuenta, "de las que finalmente solo han pagado 130 millones". Todo ello, lamenta, "por una utilización partidista de los mecanismos de financiación".

“Podrán entender que, por tanto, la causa del incumplimiento de la regla del periodo medio de pago a proveedores no es otra que la propia mala gestión del Ministerio, que bloqueaba unos fondos que nos corresponden a todos los murcianos”, ha aseverado el consejero.

Ha criticado que la Región lleva "años lastrada" por un sistema de financiación "injusto y arbitrario", lo que obliga al Gobierno murciano a hacer "ingentes esfuerzos" mes a mes con el fin de mejorar el periodo medio de pago a proveedores, recurriendo incluso a instrumentos de financiación a corto plazo.

No obstante, ha señalado que es muy difícil reducir este plazo de pago a proveedores mientras se mantenga el actual sistema de financiación, porque "recibimos menos ingresos que el resto de comunidades". Por ello, estima "urgente" que se modifique este modelo y que, así, "no siga incrementándose la deuda".

“Con esta nueva medida de penalización, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta perjudicarnos”, según Celdrán, quien estima “absolutamente perverso” que el Gobierno de España, que ha reconocido que el sistema de financiación es “injusto”, imponga ahora “medidas de ajuste adicionales”.