La amenaza de una DANA vuelve a poner en alerta al Mar Menor

La DANA amenaza la Región de Murcia. Las lluvias torrenciales son motivo de preocupación para cualquier Administración, pero en el caso de la Región de Murcia se vive con especial incertidumbre esta situación meteorológica que afecta a buena parte del país.

«El pronóstico nos advierte de que pueden haber lluvias torrenciales, una situación que volvería a poner en peligro el Mar Menor», afirma el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño.

El temporal de septiembre de 2019 ya dejó claro cuál es el efecto que tienen sobre la laguna salada estas lluvias torrenciales. En aquella ocasión provocó un episodio de anoxiay la consecuente muerte de fauna y flora. «No entendemos por qué el Gobierno central no plantea medidas para evitar esta catástrofe», insiste Ortuño quien solicita, una vez más, que el Ministerio de Transición Ecológica autorice el dragado de la gola de Marchamalo.

«Nos preocupa estar tan solos. La mayoría de las competencias las tiene el Minsiterio, pero no actúa». Recuerda que en 2011 la ahora ministra Teresa Ribera sí autorizó como secretaria de Estado una actuación de dragado en esta gola.

«La palabra es frustrante. Es el Ministerio el que tiene que mover ficha», exige Ortuño tras constatar que el Gobierno central no acepta ninguna de las actuaciones propuestas, ni siquiera la que tiene que ver con la gola de Marchamalo. Insiste en que se trata de una obra muy sencilla, que es reversible y que permitiría la circulación de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo.

Apunta a que las soluciones para poner fin a este problema en origen ya están en marcha, «pero también hay que ejecutar las actuaciones previstas en el Plan Vertido Cero».

El consejero de Agua, Antonio Luengo, defendió ayer en la Asamblea que el Gobierno regional ha aprobado la legislación necesaria para hacer compatible la agricultura, la ganadería o la pesca con la sostenibilidad ambiental y ha ampliado, por ejemplo, la prohibición del uso de abonos nitrogenados.

Por parte de los grupos parlamentarios, los socialistas y la portavoz del grupo mixto coincidieron en señalar al Gobierno regional, en manos del PP desde hace décadas, por tener las competencias para regular la agricultura, los regadíos ilegales o el urbanismo en el Mar Menor.