La Unión de Consumidores de la Región de Murcia se suma a la denuncia de la familia de la chica que falleció tras una lipoescultura

UceRM remarca que la cirugía plástica y estética comportan riesgo para la salud

El médico investigado por la muerte de la mujer a la que operó, Alejandro Masso, es acompañado por una persona con una pancarta que reza te queremos con una foto de la fallecida, a su salida del juzgado de Cartagena
El médico investigado por la muerte de la mujer a la que operó, Alejandro Masso, es acompañado por una persona con una pancarta que reza te queremos con una foto de la fallecida, a su salida del juzgado de Cartagena FOTO: Iván Urquizar Europa Press

La Unión de Consumidores de la Región de Murcia (UceRM) se ha sumado al equipo que el portavoz de la familia de la fallecida tras una intervención de cirugía estética coordinará para pedir que se depuren responsabilidades en la muerte de la mujer, según han informado fuentes de la asociación de consumidores.

Además del procedimiento judicial iniciado, desde la asociación advierten que no será la única acción que llevarán a cabo, sino que abarcará todos los ámbitos de responsabilidades en el “mercado sustancioso” de la cirugía estética en España.

En este sentido, el secretario general de Unión de Consumidores de España RM, el abogado Juan José Gómez Conesa, ha recordado que se trata “de actividades de cirugía plástica y estética que conforman repercusión o riesgo para la salud”, pero también representan “un negocio en el que el profesional sanitario se convierte en empresario, con una competencia de mercado puro y duro y con un posible beneficio suculento”.

“Un mercado con dinámica lucrativa legítima”, ha señalado, pero que “no debe sobrepasar o poner en riesgo la deontología ni la ética profesional”.

UceRM se presenta como una herramienta al servicio de los consumidores para su defensa ante “abusos, fraudes, estafas o malas prácticas”, pero también, han asegurado, “en asunto de mayor envergadura, de carácter colectivo o de enorme impacto y debate sobre los derechos del usuario, del paciente, las posibles dejaciones de competencias de control, de vigilancia, de transparencia y de que prime la seguridad, y la salud de las personas”.