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Los empresarios de la Región de Murcia defienden la cuarta ley de simplificación administrativa
La patronal advierte de que la burocracia provoca un aumento de los costes superior al 60 por ciento

El presidente de CROEM, Miguel López Abad, ha defendido este martes ante la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua la cuarta ley de simplificación administrativa, al considerar que "aliviar cargas burocráticas, acortar plazos y modernizar la Administración" es clave para la competitividad y la creación de empleo en la Región.
"Cada día que pasa con trámites innecesarios es un coste añadido y una pérdida de oportunidades", ha señalado durante la audiencia legislativa del Proyecto de Ley.
López Abad ha enmarcado su intervención en un contexto "de elevada incertidumbre geopolítica y mercados más exigentes", y ha subrayado que la patronal, que dice representar "más de 140.000 activos empresariales entre autónomos y empresas", ha trabajado "de forma transversal" con sus asociaciones sectoriales para identificar "cuellos de botella" que puedan corregirse en el ámbito regional.
"Hablamos de simplificar sin vulnerar normas europeas o estatales; mejorar plazos e inversiones es necesario para una región históricamente infrafinanciada", ha apuntado, recordando que en agosto "la Región creó empleo frente a la tónica nacional".
El representante empresarial ha citado como problemas recurrentes la "duplicidad de documentación entre administraciones" y el "exceso de legislación", que "obliga a subcontratar o a ampliar plantillas solo para cumplir trámites", lo que, según ha dicho, se traduce en "un aumento de costes por encima del 60% en los últimos años" y en menor competitividad.
También ha defendido la "confianza legítima" en la actuación empresarial y ha pedido que "los procedimientos no se multipliquen hasta veinte pasos para ampliar o modernizar una actividad".
López Abad ha avanzado que CROEM impulsará un plan de formación sobre la nueva norma "en Cartagena, Caravaca, Lorca o Yecla" y colaborará con la Consejería de Empresa en la capacitación de personal funcionario "con casos prácticos", además de proponer "una comisión de seguimiento" para verificar el cumplimiento de la ley. "Si hay mejoras técnicas que perfeccionen el texto y no afectan a normas superiores ni al medio ambiente, las apoyaremos, vengan del grupo que vengan", ha afirmado.
La oposición pide garantías
En el turno de los grupos, el socialista Alfonso Martínez ha sostenido que su formación comparte el objetivo de simplificar, pero ha discrepado "de la forma en que el Gobierno regional aborda este problema". Ha pedido una norma "con vocación de permanencia" y ha reclamado "garantías suficientes" para proteger el medio ambiente y el patrimonio, así como evitar demoras por falta de medios en la tramitación.
Desde Vox, Virginia Martínez ha respaldado el concepto de simplificación por "necesario para emprendedores y empresas", y ha propuesto "eliminar dos o tres normas por cada ley nueva". Ha mostrado preocupación porque "esta podría ser ya la séptima ley de simplificación" y ha reclamado "que la implementación sea real", con "formación adecuada de quien la aplica, información a ciudadanía y empresas, y una evaluación trimestral de resultados para corregir desvíos".
Por el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) ha cuestionado el enfoque del texto al considerarlo "hecho al dictado de la patronal" y ha advertido de que "beneficiará a grandes promotores inmobiliarios y multinacionales", frente a lo que ha dicho defender "los intereses de la clase trabajadora", reivindicando, entre otros, la subida del salario mínimo.
La diputada del PP, María Casajús, ha defendido el proyecto por su "impacto directo en el tejido productivo y en la economía regional", y ha recordado que el Gobierno regional optó inicialmente por el decreto ley "para responder con rapidez a una demanda social", aunque fue reconducido a tramitación parlamentaria. Ha sostenido que esta "cuarta ley nace de la experiencia acumulada" y corrige "cuellos de botella detectados en las anteriores", reivindicando la doctrina de la "confianza legítima" como "avalada por el ordenamiento europeo".
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