Los autónomos se merecen más

La crisis del coronavirus nos ha arrojado unos datos devastadores que afectan al tejido económico básico, el que está en la vida de la calle, el que permite que las ciudades y pueblos mantengan su actividad cotidiana. No son los datos macro de los informes que maneja el FMI, pero sí que afectan a millones de trabajadores. Son los autónomos, que no es un ente alienígena, sino ese pequeño comercio y el entramado de empresas que conforman la economía real del país. El cierre de establecimientos dentro del sector de servicios, la imposibilidad de mantener unos mínimos ingresos y poder pagar salarios y cotizaciones son hechos reales. Nos describe un panorama desolador que necesitará de ayudas especiales. Ayer, el Gobierno las anunció, quince días después del confinamiento general y seis consejos de ministros mediante: una moratoria de pagos de cuotas que resulta insuficiente por la importancia de este sector.

Un total de 3,2 millones de autónomos están afiliados a la Seguridad Social, lo que supone el 16% de la población activa española (de un total de 19,9 millones), y aunque en el periodo entre 2012 y 2015 ha crecido a causa de la crisis económica, no se ha alcanzado los niveles de los años 90, donde se situaba en el 18% del empleo. Es decir, cuando el mercado laboral crece, aumenta en términos absolutos el número de autónomos y a la vez el de asalariados. Por lo tanto, va siendo hora de que estos trabajadores por cuenta propia tengan otro reconocimiento y no el de «pequeños capitalistas». No olvidemos que en el programa que el PSOE firmó con Unidas Podemos se incluía que más de un millón de autónomos pasasen de cotizar 285 euros mensuales a 600, si tenían ingresos superiores a los 23.650 euros anuales, incluso 850 euros, si estaba en los 33.000, es decir, el triple de lo que están cotizando ahora. El Gobierno anunció ayer el aplazamiento en el pago de las deudas de la Seguridad Social hasta el 30 junio, precisamente cuando se cumplía el día de pago. En realidad, estas ayudas se aplicarán en el mes de abril y se prorrogarán hasta mayo, en función de lo que dure la cuarentena. Y algo más, para beneficiarse del aplazamiento de pago deberá acreditarse que no se ha recibido ningún ingreso, lo que, de entrada, acarrea gastos de gestión, cuando es imposible de cumplir en algunos negocios de servicios. Estamos hablando de una moratoria después de que los autónomos han sido duramente golpeados por una política impositiva contra el sector. Por otra parte, uno de los puntos que los autónomos reclamaban al inicio de esta crisis era la bonificación del total de la cuota de la Seguridad Social en caso de cese de actividad, enfermedad o cuarentena. En nuestro entorno, la respuesta ha sido radicalmente distinta: en Francia e Italia se ha suprimido la cuota de la Seguridad Social.

Como siempre con los trabajadores por cuenta propia, se levanta la sospecha, cuando el cierre de la producción es absoluto –excepto en el caso de que pueda seguir trabajando desde casa–, de ahí que ni siquiera se haya contemplado no pagar el alquiler de locales a aquellas empresas con serias dificultades, gastos de agua, luz y electricidad, como sí se ha aplicado los citados países. El problema es que aquellos que tengan un pequeño negocio y puedan realizar algún servicio necesario lo seguirán haciendo porque no disponen de permisos retribuidos, como la mayoría de trabajadores por cuenta ajena. Italia, que prolonga esta crisis más tiempo que España, ya ha aprobado permisos especiales de quince días retribuidos al 50% para aquellos que deban cuidar a sus hijos o bien 600 euros para cuidadores de niños. Boris Johnson también ha anunciado que Reino Unidos pagará el 80% de las ganancias mensuales hasta un tope de 2.750 euros. Bienvenida la moratoria de la cuota de autónomos, pero resulta insuficiente para un sector clave en nuestra economía.