La Comisión

ERC, PNV, JxCat, Bildu, la CUP, Más País, Compromís y BNG y Unidas Podemos han pedido una comisión de investigación en el Congreso para investigar al rey Juan Carlos I. Aunque la Mesa de la Cámara Alta ya había rechazado esta posibilidad en base a los informes jurídicos de sus letrados, la decisión de la Fiscalía del Supremo ha abierto la posibilidad de que esta comisión pueda estudiar los años en los que el emérito había dejado de ser Jefe del Estado. Es decir, se referiría a las “presuntas ilegalidades o irregularidades” cometidas por don Juan Carlos desde su abdicación. Pero es un decir. Una cosa es lo que haga la Fiscalía y otra muy distinta, lo que pretende una comisión parlamentaria. Y no es especular. Desde que comenzó la democracia, lo hemos comprobado una vez tras otra.

Además, en lo que afecta al rey don Juan Carlos, nadie duda de que -al margen de las responsabilidades que establezca el Supremo- estos partidos piden la comisión no porque estén especialmente interesados en la figura, negocios o patrimonio del anterior Jefe del Estado, sino para plantear en el Parlamento lo que ya han hecho en la calle, en las redes sociales y en los aniversarios de la República: la supresión de la monarquía y un cambio de régimen.

Unidas Podemos, el primero en pedirla, sigue aprovechado la debilidad del Gobierno para sacar provecho. Pablo Iglesias, que ya dijo que tenía la suerte de vivir en una casa con jardín aunque era “consciente” de que había muchos españoles encerrados en sus pisos de 30, 40 o 50 metros cuadrados, dirá ahora que al ser vicepresidente segundo del Gobierno, es su deber vigilar a la Jefatura del Estado como nunca lo hizo. El cinismo a veces no conoce límites.