Guetos en Canarias
Vicente Vallés

En junio de 2018, pocos días después de llegar al poder con su exitosa moción de censura, Moncloa organizó en Valencia un aparatoso recibimiento al buque Aquarius que trasladaba a más de 600 inmigrantes que habían sido rescatados en el Mediterráneo. El que, por aquel entonces, se autocalificaba como «Gobierno bonito» quería demostrar que, por fin, los sentimientos humanos orientaban las decisiones políticas, al contrario de lo que supuestamente ocurría con gobiernos anteriores. No hubo tanto despliegue de medios públicos ni de dirigentes políticos –ninguno, en realidad– para recibir a los casi 1.500 inmigrantes que en las 24 horas anteriores y posteriores a la llegada del Aquarius alcanzaron en pateras las costas de Andalucía. Tampoco, con las decenas de miles de personas que lo han hecho desde entonces.

Gestionar el desafío que suponen las migraciones masivas es mucho más difícil que diseñar un happening mediático para ocupar minutos de televisión, porque la realidad siempre nos supera. Y por eso, quienes recurrieron ante el Tribunal Constitucional las llamadas «devoluciones en caliente», las aplicaron al llegar al poder sin esperar a que los magistrados decidieran que son legales, como finalmente han sentenciado.

Ahora, la crisis migratoria que sufre Canarias y, por tanto, España, es una de esas situaciones que definen a un gobierno: por la gestión que realice del problema y por la actitud moral con que lo gestione. Las tradicionales lecciones éticas que se pretenden dar sobre este asunto acaban siempre por dejar en mal lugar, precisamente, a quienes las dan. Tienden a caer en contradicciones tan evidentes como la de recibir al Aquarius con gran trompetería, al tiempo que ordenan expulsar del país en el acto a quien es sorprendido saltando la valla fronteriza de Ceuta o de Melilla.

El Gobierno compuesto por los dos grandes partidos de la izquierda española ha decidido levantar campamentos para albergar a miles de personas. Si se quiere endurecer el término, podría hablarse de un gueto institucionalizado. Y se ha decidido que lo sufra Canarias, la comunidad, junto con Andalucía, más sensible a un problema de este tipo y con menos recursos propios para darle solución.

Si un territorio español necesita cariño y, por tanto, ayuda ese es aquel que está más alejado del centro, que no tiene conexión terrestre con el resto del país y que más cerca está del foco de esta crisis. En especial, cuando el foco es una dificultad añadida: Marruecos. Mientras el sector PSOE del Gobierno pide (suplica) árnica en Rabat con la visita del ministro Marlaska, el sector Podemos propone un referéndum en el Sáhara. Ambas cosas a un tiempo no parecen compatibles.

Ana Oramas, la vigorosa diputada de Coalición Canaria, preguntó hace unos días al Gobierno si «necesitamos crear un partido independentista (…), resucitar al Mpaiac para que el Gobierno nos haga caso». Convertir Canarias en un remedo de Lampedusa o Lesbos, mientras Europa mira para otro lado, es una tentación muy peligrosa. Ignorar el desastre económico que eso supondría para las islas puede provocar un sentimiento emocional de lejanía mucho mayor que la propia lejanía geográfica.