Estrategias y sistemas de protección civil que no han funcionado

La Estrategia Nacional de Protección Civil, derivada de la Estrategia de Seguridad Nacional, se establece para combatir los riesgos como inundaciones, incendios forestales, terremotos y maremotos, erupciones volcánicas, fenómenos meteorológicos adversos, accidentes en instalaciones o almacenes de substancias peligrosas, transporte de mercancías peligrosas y riesgo nuclear y radiológico. Curiosamente no aparece como riesgo de esa Estrategia de Protección Civil las pandemias o epidemias.

Para evitar que esos riesgos se materialicen en amenazas, y si lo hacen se puedan combatir y gestionar para preservar la seguridad de la población civil, se establece un ciclo de gestión de emergencias que es continuo, concurrente y simultáneo y que debería haber funcionado recientemente. Ese ciclo incluye seis fases: «Previsión-Prevención-Planificación-Alerta Temprana-Intervención y Recuperación». Las más importantes son las tres primeras donde el análisis permanente, la prevención de las situaciones de emergencia y el planeamiento de medidas y acciones son pasos previos a cualquier intervención.

La gestión de riesgos y emergencias implica un conjunto de acciones complejas, que precisa de la coordinación del conjunto de las Administraciones públicas cuyas competencias en protección civil, y también en pandemias, están distribuidas en tres niveles: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administración local, que deberían actuar bajo los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad.

Naturalmente, fortalecer los vínculos entre los distintos planes autonómicos de protección civil y mejorar las herramientas de coordinación entre las diferentes administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales es una tarea imprescindible. Sin embargo, no parece en principio nada fácil esa coordinación y puesta en común en un Estado tan descentralizado como el nuestro.

Probablemente es tan complejo el asunto porque en lugar de una estrategia tenemos dos. Hay una Estrategia Nacional de Protección Civil que aúna las energías de la Administración General del Estado y una Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil que es la base de las actuaciones de las Comunidades Autónomas y Administración Local.

La Estrategia de Seguridad Nacional citada recoge cinco amenazas a la seguridad y seis desafíos entre los que se encuentran las «emergencias y catástrofes» y las «pandemias y epidemias». Además recoge las amenazas y desafíos en los espacios comunes globales y las amenazas contra las infraestructuras esenciales. Lo que llama la atención es que las pandemias y epidemias no estén incluidas en la Estrategia de Protección Civil, pero sí los «fenómenos meteorológicos adversos».

La Estrategia Nacional de Protección Civil se publicó el 30 de abril de 2019, un año antes de que la pandemia del SARS COV2 pusiera en alerta a las autoridades. Siendo las pandemias y epidemias uno de los seis desafíos contra la Seguridad Nacional, el Comité de Situación establecido por la Estrategia de Seguridad Nacional debería haber valorado la pandemia con mucha más diligencia.

Si la responsabilidad del Gobierno en caso de crisis es «prever, prevenir, planear, proveer y alertar», en el caso de la pandemia brilló por su ausencia. A la vista de cómo se ha reaccionado ante la pandemia y la extraordinaria nevada, da la impresión de que el Estado, el Gobierno ha sido incapaz de actuar con prevención, prontitud, celeridad y orden para planificar la reacción adecuada y el empleo de recursos ante estas situaciones de emergencia o catástrofe.

No quisiera terminar con pesimismo, pero si el Sistema Nacional de Protección Civil está troceado en diecisiete más dos, lo mismo que el Sistema Nacional de Sanidad (Salud y Seguridad Social) y es por ello que las ideologías, las políticas, la lucha partidaria y los retos electorales de cara a las elecciones se manifiestan prioritariamente y de formas diversas ante emergencias o catástrofes, tengo que concluir que si algo ha funcionado y lo sigue haciendo es exclusivamente debido a la iniciativa de los profesionales de muchas y distintas áreas, que con sentido de la responsabilidad, del deber y de servicio han dado todo sin esperar nada y poniéndose en riesgo para ayudar a sus conciudadanos.

Por último, entre las pocas instituciones que han demostrado que reaccionan con prontitud y coordinación están las Fuerzas Armadas que cuentan con capacidades extraordinarias y servidores públicos, los militares, comprometidos y preparados para actuar en situaciones de emergencia, catástrofes, fenómenos meteorológicos adversos e incluso pandemias. Una de esas capacidades es la Unidad Militar de Emergencias (UME), como unidad de intervención rápida de las Fuerzas Armadas para reaccionar ante esas situaciones, debido a su especial equipamiento y preparación.

La actuación en caso de catástrofes o emergencias nacionales constituye una de las misiones de las Fuerzas Armadas para las que está preparado el Mando Conjunto de Operaciones. Sin embargo no he podido ver que se hayan utilizado completamente esas «energías», de las que disponen las Fuerzas Armadas, y que deberían sostener y dar continuidad al esfuerzo inicial de la UME en beneficio de la población.