Iglesias se aprovecha del aforamiento

De no haber sido por su condición de aforado en tanto que diputado y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias ya habría sido imputado por tres delitos. Dos, en estos momentos, ya que el Tribunal Supremo ha archivado hace unos días la causa por el denominado «caso Dina» a la espera de que el juez de la Audiencia Nacional que lo investiga, Manuel García Castellón, decidida si puede presentar una nueva exposición razonada de los hechos ante la instancia superior que le corresponde, el Tribunal Supremo, un tribunal de última instancia colegiado y freno más eficazmente ante posibles presiones políticas. En definitiva, Iglesias cree beneficiarse de lo que tanto ha criticado y prometió eliminar en cuanto el voto de sus diputados sirvieran para algo. En el programa de Podemos se comprometió a acabar con este «privilegio de la casta»: «La proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos de sus miembros». No ha sido así y, a medida en la que ha ido asumiendo cuotas de poder en el gobierno de España y en otras administraciones, su desgana ha sido absoluta, incluso escandalosamente contraria a erradicar el supuesto beneficio. En diciembre de 2016, Podemos rechazó apoyar una reforma exprés de la Constitución propuesta por Ciudadanos para poner fin a los aforamientos de miembros del Gobierno, diputados y senadores. Iglesias no ha tenido que competir con Pedro Sánchez para demostrar quién defendía una ética pública más intachable, pues la reforma que éste quería llevar a cabo de la Constitución (arts. 71.3 y 102.1) añadiendo a ambos artículos la frase «en el ejercicio de las funciones propias de su cargo» está aparcada.

Pero en realidad el proyecto no era eliminar los aforamientos, sino limitar su ámbito, incluso excluyendo los delitos de corrupción. El Consejo de Estado ya emitió un informe solicitado por el Gobierno, avalando esa reforma limitada, asunto que no está en los primeros lugares de la agenda política. El pasado mes de octubre, Unidas Podemos rechazó participar en un debate parlamentario que trataba el asunto, mientras que algunos de sus diputados, como número tres de la formación, Alberto Rodríguez, prefería acogerse a la figura que su partido tanto criticó, incluso Iglesias no ha hecho el menor amago de renunciar al aforamiento. Nada nuevo en la demagogia de Podemos, principio fundamental de todo populismo: prometer justicia –o venganza–, pero evitar que roce los privilegios de poder alcanzados.