Políticas de juventud

A los políticos españoles les encanta hablar de lo enormemente maltratada que se halla la generación de los millennials y de lo urgente que resulta resolver los problemas económicos que les impiden desarrollar sus propios proyectos de vida. Sin embargo, a la hora de la verdad, esos mismos políticos tan sólo se dedican a perpetuar las condiciones institucionales que vuelven esa situación tan deplorable. Bastarán cuatro ejemplos para demostrarlo. Primero, la reciente reforma de las pensiones aprobada por el ministro Escrivá: el objetivo de la misma no es otro que proteger el poder adquisitivo de los pensionistas actuales (es decir, de los votantes actuales) a costa de trasladar el inexorable ajuste de la Seguridad Social a las generaciones futuras. ¿Quiénes serán, por tanto, los que pagarán los platos rotos? Pues obviamente los millennials, ya sea en forma de mayores cotizaciones sociales o de menores pensiones. Tan es así que cuando Escrivá sugirió la posibilidad de que los baby boomers (la generación anterior) compartieran parte del necesario ajuste intergeneracional, rápidamente el resto del Gobierno se le abalanzó encima para forzarle a rectificar (al menos de cara a la galería). Segundo, la contrarreforma laboral que impulsa Podemos y que pretende dificultar que las empresas prescindan de aquellos trabajadores que llevan más años en la empresa simplemente por el hecho de que llevan más años en la empresa: el resultado de volver perpetuos los contratos indefinidos antiguos es que los nuevos contratos se vuelven mayoritariamente temporales, de modo que son los nuevos entrantes al mercado laboral (los jóvenes) quienes terminan sufriendo la precarización regulatoria. Tercero, la reforma del mercado inmobiliario que plantea Unidas Podemos para dificultar el aumento de la oferta residencial: uno de los grandes problemas de los millennials es su incapacidad para acceder a una vivienda, especialmente en régimen de propiedad, lo que a su vez dificulta que acumulen activos e incrementen su patrimonio neto. Los altos precios de los inmuebles, unida a la inestabilidad laboral, dificultan enormemente que los jóvenes accedan a un crédito hipotecario: ni poseen un monto de ahorro suficiente como para abonar la entrada ni tampoco disfrutan de una nómina estable con la que afrontar el calendario de pagos. Y sin vivienda en propiedad ni otros activos en los que invertir, la riqueza patrimonial de los millennials ni siquiera llega a amasarse. Y cuarto, pese a que los millennials no poseen casi ningún activo, sí cargan con una importante deuda que les es impuesta anualmente por los políticos: la deuda pública de España. Aquellos jóvenes que escojan residir en nuestro país no sólo se enfrentarán a pensiones decrecientes, contratos laborales precarios o falta de accesibilidad a la vivienda, sino también a un stock de deuda pública gigantesco que los condenará a padecer o mayores impuestos o peores servicios públicos en el futuro. ¿Y qué hacen la práctica unanimidad de nuestros gobernantes ante esta sangría de endeudamiento? Justificarla como una fuente de progreso económico: el endeudamiento es bueno, la austeridad es mala. Mucho hablar sobre los jóvenes, pero a la hora de la verdad se los maltrata sistemáticamente desde el ámbito de las políticas públicas.