Disparatado acoso al motor de España

En los últimos días, si es que la relegó en algún momento, la izquierda política ha reanudado su campaña de acoso a la Comunidad de Madrid, que alcanzó uno de sus picos en las semanas previas a las elecciones autonómicas, aunque también a todo el periodo de la pandemia en el que Isabel Díaz Ayuso se desmarcó de forma crítica de la nefasta gestión del Gobierno. La armonización fiscal y el expolio de un nuevo impuesto para gravar su condición de capital son las amenazas que blanden con mayor o menor intensidad contra la región. En este punto, la irrupción surrealista del ministro Escrivá en respaldo a las frivolidades de Ximo Puig sobre un tributo específico madrileño como aportación compensatoria por los beneficios de la capitalidad del Reino fue rebatida y enterrada en horas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que manifestó que no está en la agenda del Gobierno «ni lo va a estar». El papelón del titular de Seguridad Social, que acumula unos cuantos hasta cumplimentar un bagaje sonrojante para un perfil de su experiencia y preparación, se suma al deplorable sainete de sus compañeras de Política Territorial y Sanidad a cuenta de los MIR y Cataluña. Todos siguen en sus puestos. En cualquier caso, el plan de armonización fiscal de Sánchez sí está sobre la mesa que es la otra cara de la cruzada desleal contra el gobierno de Díaz Ayuso, a la que es evidente que no se le perdonan ni su independencia de criterio ni su coraje para plantar cara a los desatinos socialistas ni su éxito abrumador en las urnas. La izquierda no puede consentir que la autonomía convertida en la locomotora de España gracias a las políticas liberales sea el espejo en el que se refleje su fracaso. Se defiende la equiparación fiscal como un acto de equidad, amén que de justicia cuando en realidad se trata de un ataque político y una intromisión contra pilares constitucionales como la autonomía tributaria y el autogobierno. Si la meta fuera la igualdad y el interés general, el Gobierno pondría a Madrid como ejemplo de eficiencia y promovería una política de tipos bajos al resto de comunidades, amén de acabar con privilegios contrarios al espíritu europeo como el concierto vasco. No lo hace. Además de un abuso y una arbitrariedad, resulta un despropósito lastrar a la «vaca lechera» del sistema de financiación que aporta más del 70% de la «hucha común» que paga los servicios básicos del Estado. No es preciso ser un lince para concluir que si Madrid se tuerce, España descarrila. El cuanto peor mejor de la izquierda es una felonía que pagará.