El pantano catalán

Esta semana nos hemos enterado de que los empleados del Parlament de Cataluña mayores de 60 años pueden solicitar un régimen especial que les permite cobrar hasta el 100% de su sueldo sin ir a trabajar. Los salarios oscilan entre 4.000 euros para los bedeles hasta los más de 10.000 euros mensuales que perciben los ex secretarios generales de la cámara autonómica. El escándalo adquiere mayores proporciones si reparamos en la fecha en la que se fraguó este reglamento: 2008. El año en el que estalló la crisis financiera global. Mientras el Govern aprobaba recortes draconianos del gasto público en partidas tan sensibles como la sanidad o la educación para afrontar la Gran Recesión, la Mesa del Parlament presidida por Ernest Benach, de Esquerra Republicana, daba luz verde a la llamada «licencia de edad». Las condiciones de las prejubilaciones del Parlament son muy superiores a las ofrecidas por cualquier empresa privada del Ibex. Las más generosas están en torno al 80% del sueldo, en la cámara catalana los trabajadores pueden aspirar al 100%. Todo con el dinero de los contribuyentes. Estas prejubilaciones de oro son un ejemplo más del sistema de abusos y privilegios instalado en Cataluña desde hace décadas. El oasis catalán de los años 90 ha derivado a un pantano de la corrupción política en los 2000 que se ha intentado tapar con el relato independentista. Pero el dislate no acaba aquí. Lejos de denunciar la situación, en diciembre, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, modificó en silencio el reglamento para reducir de cinco a tres años el tiempo que los veteranos funcionarios podían disfrutar de su sueldo íntegro sin dar palo al agua. Borràs ha tratado de vender este «enjuague» como un gesto para impulsar la transparencia en la cámara autonómica. Creer que esta medida es suficiente para tapar el escándalo es desconocer cómo está el mercado laboral en España. Sólo un 4% percibe un sueldo superior a los 60.000 euros. El salario más común va de los 12.000 a los 21.000 euros anuales. Y eso para los que tienen la suerte de trabajar. Con este panorama, pactar jubilaciones anticipadas de empleados públicos de hasta 140.000 euros resulta inmoral.

Borràs debería estar fuera de la política desde que fuese implicada en un caso de amaños de contratos, los «trapis», pero en la Cataluña del «procés» se le promocionó como segunda autoridad regional. La dirigente de Junts per Cat asegura que «la corrección» del régimen especial no puede tener «un efecto retroactivo» y que «no es fácil» abordar las cuestiones que requieren negociación colectiva. Es como si en el caso de las Tarjetas Black de Caja Madrid nos hubieran dicho que es un asunto «complicado» que afecta a los «gastos de representación» y que (¡lástima!) no pueden desprenderse de esas prebendas. Lo más preocupante es que mientras los recursos se dilapidan (unos 20 funcionarios se benefician de este régimen especial, lo que supone 1,7 millones de euros anuales) en Cataluña hay escuelas públicas –como la de Puigcerdà en la Cerdaña– en las que los alumnos dan clase en barracones. Los hospitales siguen sufriendo la presión de la pandemia y la única solución que ofrecen sus autoridades es la de establecer toques de queda. Habría solo un consuelo, si esta historia sirve para enseñar a los catalanes quiénes les gobiernan.