Pedro Sánchez

¿Treta o trato?

Los socialistas, encabezados por Pedro Sánchez, reafirman de nuevo su disposición a despreciar la defensa de la lengua de todos

José María Marco

Es muy posible que la nueva posición del Tribunal Supremo ante los indultos del Gobierno a los golpistas del procés haya suscitado la adhesión del PSC a la rebelión de la Generalidad contra los tribunales en materia lingüística. También puede haber motivos de fondo, como la adhesión del PSC, nunca desmentida, al régimen nacionalista que en Cataluña niega el carácter oficial a la lengua española. Sea lo que sea, pragmatismo descarnado ante la necesidad de asegurarse el respaldo de sus socios secesionistas para seguir en La Moncloa, o afirmación generosa de altos principios antiespañoles, el caso es que los socialistas, encabezados por Pedro Sánchez, reafirman de nuevo su disposición a despreciar la defensa de la lengua de todos. También declaran su voluntad de impedir el cumplimiento de la ley y la orden explícita de un tribunal. Mientras llega la puesta en práctica de lo pactado entre socialistas, comunes, ERC y Junts –ese ideal cuatripartito nacionalista– la Generalidad ya ha cursado una circular en la que insta a los centros escolares a no atender las peticiones para implantar al menos el 25% de la enseñanza en español.

Es de suponer que el gobierno central no dirá nada de esto último. Lo cual coloca al gobierno de Sánchez en una posición característica: la de la rebelión contra la legalidad que lo sostiene. Es un gobierno rebelde contra sí mismo, empeñado en destruir su propia posición política e institucional. Lo más curioso es que resulta muy probable que la circular de la Generalidad, que invita a los directores de centros escolares a cometer una flagrante ilegalidad, no tenga demasiado éxito. Y es casi seguro que, como ha indicado AEB (Asamblea para una Enseñanza Bilingüe), la proposición de ley promovida por los cuatro aliados en contra del español «no impedirá el cumplimiento de la orden del Tribunal».

Lo que lleva a pensar que quizás todo el asunto no sea más que una treta de los socialistas, una más, para salvar su posición ante sus amigos secesionistas, sabiendo que aquello que respaldan no se pondrá en marcha. La hipótesis resulta descabellada, pero el gobierno social-podemita nos tiene acostumbrados a imaginar lo inimaginable y en un mundo tan enrevesado como es el de la Cataluña dominada por el nacionalismo nada, ni lo más extraordinario, resulta inverosímil.

En cualquiera de los casos, la maniobra deja claro hasta qué punto de descrédito ha llegado esa fórmula política y cultural, casi existencial, que ha consistido en dos actitudes. Seguir respetando la hegemonía nacionalista, por un lado. Y, por otro, no afrontar la realidad nacionalista desde un criterio nacional y constitucional claro. Las dos, encaminadas a no suscitar una reacción incontrolable o para no quedar fuera de la vida social y política catalana. No es así, y si no fuera por esta fórmula, los nacionalistas no se habrían alzado con la representación de Cataluña, ni la afirmación de la Constitución y de España resultaría anatema en la región y fuera de ella, ni el procés sería entendido como una respuesta natural a una situación –inexistente– de represión de la cultura y la vida catalanas. Antes de que los socialistas contribuyan a prender de nuevo la mecha del proceso de secesión, convendría reflexionar sobre todo esto.