La difícil renovación del TC y el CGPJ

En contra de lo que agita la izquierda política y mediática, Sánchez tiene en su mano la renovación del Constitucional y del CGPJ. Es una cuestión de voluntad política y, sobre todo, de asumir la independencia de estos órganos constitucionales. La Constitución señala que los miembros del Alto Tribunal «serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato». Esto mismo cabe esperar del órgano de gobierno del Poder Judicial. El pernicioso sistema de cuotas es una catástrofe que perjudica a la Justicia y al tribunal encargado de determinar la constitucionalidad de las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, impedir la violación de los derechos y libertades y dirimir de los conflictos de competencias, así como de otras materias que le atribuyen nuestra Carta Magna o las leyes orgánicas. Estamos ante unas instituciones fundamentales en un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que impide la renovación? Es evidente que el deseo de controlarlas. No es algo que afecte solo a este Gobierno, sino que es una constante desde la Transición hasta nuestros días. Me gustaría vivir el día en que los principales partidos asuman que este proceso debería quedar al margen de un reparto partidista y que primara solo la independencia, la solvencia y la credibilidad de los juristas designados para ocupar estos cargos.

La renovación tiene que esperar a la celebración de las andaluzas, pero nada garantiza que entonces sea posible. Sánchez y Feijóo deberían actuar con gran generosidad sentando las bases de una nueva etapa presidida por la elección de juristas preocupados únicamente por el Derecho y ajenos a los intereses de los partidos. Entiendo la tentación de configurar un CGPJ o un TC con una mayoría afín al actual Gobierno. ¿Es lo que más conviene a España? Es una pregunta que nos podemos formular ahora, pero que también conviene aplicar cuando se produzca el relevo y gobierne el centro derecha. Mi padre siempre me decía que a los jueces no se les tiene que conocer por su nombre, sino por sus sentencias. No son buenas las etiquetas de progresistas o conservadores, bastaría con que utilizáramos solo el término de juristas. La crispación política que vivimos no ayuda, al igual que el largo ciclo electoral que vivimos hasta las generales del próximo año.