Reutilizar

Economía de «postguerra» en los hogares para afrontar la vuelta al cole

El 68,0% de las familias españolas reutilizará este año todo el material escolar y ropa que puedan.

Lorente Ferrer

La encuesta de la Unión de Consumidores de esta semana nos revela un dato más propio de una postguerra que de una economía desarrollada: el 68,0% de las familias españolas reutilizará este año todo el material escolar y ropa que puedan, frente a tan solo el 17,0% que optará por comprar los artículos nuevos. Un 15% reutilizará parte del material y el resto tendrá que renovarlo. Es una auténtica economía de guerra. Sabiendo que la demanda interna es la partida más importante de nuestro PIB, una drástica contracción de la misma nos llevará a una profunda recesión que todo apunta, ya está en puertas.

Ante este panorama económico, solo cabe refugiarse en los ahorros familiares, si es que se han podido meter en la hucha, o recurrir al crédito, que empobrece la economía doméstica. Y es que, las familias españolas ya llevan tiempo sufriendo el encarecimiento del coste de la vida, y no desde la invasión de Ucrania, sino ya con anterioridad. Así lo ponen de manifiesto los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referidos al periodo de guerra, de marzo a julio a 2022, que indican un encarecimiento del IPC del 2,3%, cuando en el periodo anual de julio de 2021 a julio de 2022, el incremento fue del 10,8%. Obviamente, una elevada inflación, el desproporcionado paro y la presión fiscal, unidas al gigantesco déficit hacen que nuestra economía se encuentre en mucha peor situación que las otras grandes europeas de cara a la recesión inminente, lo que queda reflejado, no ya solo en la cesta de la compra, cada vez más cara y más reducida, sino también a la hora de afrontar gastos extras, como es el de la llamada «vuelta al cole».

Es lo que nos indica la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) del gasto medio familiar para el curso 2021/2022, que ya anunciaba un importante desembolso para las familias que optaban incluso por el colegio público, pues la media se situaba en 968 euros de media por alumno. Lo que supone afrontar una auténtica «cuesta» de enero en el mes de septiembre. Pero los presupuestos de las familias que optan por la enseñanza concertada tienen una mayor sangría económica, pues la media es de 2.704 euros, casi el triple que en la enseñanza pública. Aunque es la educación privada, con un gasto medio de 6.247 euros, la más cara. Así, el gasto medio por alumno, considerando los tres sistemas educativos, se sitúa en 1.890,00 euros.

También es importante resaltar la diferencia de gasto según la etapa educativa que cursan los hijos. Los dos mayores desembolsos se los llevan la educación infantil y la primaria, con 2.095 y 2.078 euros, respectivamente. Gasto que baja a 1.501 euros en la etapa de la ESO y de ahí dan un salto al Bachillerato, cuyo coste medio alcanza los 1.874 euros.

Del análisis de los datos se desprende que las familias tienen en el gasto educativo una severa carga que, si en coyunturas económicas normales, es costosa, con el panorama económico en ciernes, se muestra prácticamente inasumible para un importante porcentaje de economías familiares, que no se ven respaldadas.

Este Gobierno se ha caracterizado desde su nacimiento en junio de 2018 por el uso de la propaganda para suplir todas sus deficiencias y por el desdén más absoluto por la economía.

Se jactan de volar centrales térmicas, cuando se reabren en Europa. Su fundamentalismo energético les lleva a renegar de la energía nuclear, declarada sostenible por la Unión Europea e imprescindible para garantizar el abastecimiento a empresas y familias. Bloquean gasoductos, impiden prospecciones de gas, petróleo, carbón y uranio.

Su falta de política económica consigue que tengamos la mayor inflación y paro entre las cuatro grandes economías europeas.

Eso sí, chiringuitos, subvenciones, subsidios, paguitas, duplicidad de la Administración Pública, contratación masiva de funcionarios, asesores, sueldos municipales y autonómicos, y demás desmanes se llevan más de 60.000 millones de euros anualmente.

Nuestro país es el único de la zona euro que todavía no ha recuperado su PIB previo a la pandemia y es el segundo de los grandes con mayor porcentaje de deuda pública sobre su PIB, lo que le priva de la reserva estratégica para implementar un escudo social para paliar los graves efectos de la crisis que se avecina.