Aritmética y sedición

Hace cinco años España asistió a un intento de golpe de Estado protagonizado por la élite política de una Comunidad Autónoma, que no cumplió con sus obligaciones más elementales y, de manera consciente, pública y reiterada, violó las leyes, incluidas la Constitución y el Estatut, anulando el orden jurídico vigente, de carácter democrático, y sustituyéndolo por un nuevo orden, de forma autoritaria y contra el sentir de la mayoría. Un ataque a la legalidad constitucional y un atentado contra la democracia perpetrado desde instancias de poder, que mostró definitivamente al nacionalismo independentista como el movimiento totalitario que siempre fue. Un asunto muy serio, que sí que merece de un ejercicio de memoria democrática y también que llamemos a las cosas por su nombre, sin aceptar la jerga impuesta por los mismos que cometieron aquellas tropelías, aceptada gustosamente por el peor Gobierno de la historia de la democracia, que es capaz de denominar represión al restablecimiento de la ley y judicialización de la política a la respuesta del Estado de Derecho ante lo que fueron graves delitos. Una perversión de tal calibre que desemboca, con los legalmente muy dudosos indultos que se concedieron, en un concepto completamente inaceptable, el de la desjudicialización, que supone admitir que los políticos secesionistas no son iguales que el resto de ciudadanos y no están obligados a acatar las leyes igual que los demás, lo que encubre una proclamación de fuero, privilegio e impunidad, precisamente a quienes lo único que han hecho es reiterar «ho tornarem a fer».

Hechos de enorme gravedad, frente a los que el Gobierno prefiere la aritmética a la Justicia, con la guinda de la sedición, un delito que hay que rebajar como sea, por exigencia de Esquerra, que ha supeditado sus votos presupuestarios, la enésima reválida parlamentaria del sanchismo, a que se vuelva a humillar a la justicia española ante todas las instancias europeas. Una operación escandalosa y sin precedentes, destinada abiertamente a reducir las penas a personas concretas que han huido de la justicia y tienen procedimientos judiciales en marcha en los que alega la desproporción como fundamento de sus recursos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La reforma además puede facilitar el retorno de los fugados y condicionar, por razones constitucionales de retroactividad, las inhabilitaciones políticas que no se vieron afectadas por los indultos. Es, como se puede comprobar, una forma de seguir perdonando a sus socios a conveniencia y una demostración de los estándares democráticos que se gasta el Gobierno. Utilizando además como apoyo argumental medias verdades y mentiras completas, ese hábito del sanchismo, asegurando que en Europa las condenas por este tipo de delitos son menores, cuando resulta que en Alemania y en Francia hechos como los del 1-O se castigan con la cadena perpetua o en Portugal con penas de 20 años. Una firmeza que no tiene nada que ver con el conjunto de cesiones y concesiones al que asistimos en España, donde intercambiar presupuestos por presos se ha convertido en una moneda corriente del debate parlamentario, con la terrible derivada que supone ir enlazando despropósitos jurídicos, provocando el desarme del Estado ante intentos futuros de subvertir el orden democrático y dejando a la Constitución desprotegida. Todo por culpa de un Gobierno que, en una escalada de destrucción institucional masiva, antepone la persona de su presidente al partido, el partido al Gobierno y el Gobierno al Estado, en una perversión encadenada sin precedentes que urge puedan juzgar con su voto los españoles. Esto no puede sostenerse más, España no solo necesita un cambio político, necesita oxigeno democrático contra este frente popular.