Punto de no retorno

Por si restaba alguna duda, esta semana ha quedado totalmente al descubierto el dos en uno del programa real de Pedro Sánchez, porque todo iba de politizar la Justicia y de desjudicializar delitos de Estado. Y no, no son objetivos contradictorios, sino totalmente complementarios. La forma de hacerlo, todo un estilo de gobierno, por la puerta de atrás que representa la vía rápida de las enmiendas, sin escuchar a ningún órgano consultivo, porque la orden la han dado los de ERC, que son los que mandan. Para politizar la justicia la maniobra ha quedado clara, porque la pieza principal nunca fue el Consejo del Poder Judicial, sino el Tribunal Constitucional.

La estrategia, ya la hemos visto: Si el PP pide una reforma que mejore la elección de los vocales del CGPJ y Esquerra una modificación penal para eliminar la sedición, se hace lo segundo; que, si se rompen las vías de entendimiento para el establecimiento de mayorías y no es posible la renovación, ya impondrá el Gobierno a los magistrados de su elección, dos ex altos cargos de hace nada, cambiando lo que sea necesario para saltarse la regla de los nombramientos por tercios y diga lo que diga la Constitución.

Para desjudicializar delitos de Estado, por si los indultos y la erradicación de la sedición no hubieran sido suficientes, el Gobierno pretende ahora retocar un delito que afecta al núcleo central de la lucha contra la corrupción. Eliminando la sedición, España quedará desnuda ante conspiraciones como la que se ha destapado esta semana en Alemania o el autogolpe que ha estado a punto de producirse en Perú. Modificando la malversación la convertirán en algo más parecido al colesterol que a un delito, porque habrá una malversación buena y otra mala. La de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por defraudación al Estado de 470 millones de euros, por lo que han dicho algunos miembros del Gobierno, debe ser buena. La de Griñán, seguro que también, porque amparar un sistema clientelar para perpetuar el poder de su partido es un vicio más aceptable que irse de mariscadas. Y la de las dos decenas de condenados y acusados del entorno independentista, que verán suspendidas sus inhabilitaciones, por supuesto que también, que para eso lo ha pedido ERC.

Todo muy preocupante, porque, por la vía de los hechos, los independentistas condenados van camino de lograr la ansiada amnistía y, como ya han dicho que lo volverán a hacer, prepárense para la sedición sin sedición, una malversación de las buenas o incluso un referéndum autorizado por Sánchez, que aquí nadie puede descartar ya nada. Entre unas cosas y otras, el desmantelamiento de los instrumentos jurídicos del Estado y los intentos de ocupación de espacios ajenos al poder político siguen avanzando. Eso por no hablar de la autoridad con la que el Ejecutivo podrá exigir solidaridad fiscal a los ciudadanos, después de prometer un trato de favor a políticos que lo que les distingue del resto de delincuentes es pertenecer al partido que apoya al Ejecutivo en las Cortes. Mal mensaje para cualquier paradigma de cumplimiento de las normas cuando se plantea que los fondos públicos pueden ser utilizados para fines políticos ilegales, entre ellos el de alzarse contra la democracia. Con las dos decisiones de esta semana, Sánchez ha superado el punto de no retorno, porque dinamitar la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y la división de poderes es una traición total a los intereses generales de los ciudadanos. Decía Platón que el precio de desentenderse de la política es estar gobernado por los peores, estamos en la obligación de revertirlo.