Señorías socialistas, la Historia también les recordará a ustedes

Ningún Gobierno se había atrevido hasta ahora a rebajar las penas existentes por corrupción. Han podido no cumplirlas, han podido hacer paripés sobre su reforma, para que luego todo quede como estaba, pero rebajarlas, eso nunca. Por eso el Gobierno de coalición, o Pedro Sánchez, no sólo serán recordados por mover los restos del dictador Francisco Franco, sino también por el pacto con ERC para rebajar el coste de la corrupción para los independentistas y para todos los que vengan detrás. Y bajo el mismo epígrafe pasarán a la historia los diputados socialistas.

Este ejercicio de la representación de la soberanía nacional como una prolongación de los deseos del mando nacional para servir a sus intereses, y a los propios de los diputados, que no quieren caerse de la lista, es en realidad un fraude mayúsculo para con la voluntad de los representados.

Los diputados que actúan en Madrid en nombre de los votantes socialistas de Castilla-La Mancha, de Aragón o de Andalucía, por poner tres ejemplos, tienen todo el derecho del mundo a sentirse traicionados en el uso que están haciendo de su voto en la sede de la soberanía nacional. Cierto es que ellos apoyaron una lista, en la que lo que les importaba eran las siglas, PSOE, y el candidato, Pedro Sánchez, que entonces, por cierto, les estaba prometiendo volver a tipificar los referéndums ilegales o traer a Puigdemont a España para ser juzgado.

La entidad de lo que se está decidiendo con el apoyo de sus votos –indultos, leyes ad hoc y modificación por la puerta de atrás del bloque constitucional–, les coloca ante una responsabilidad que, en su dejación a la hora de ejercerla, les hará también pasar a la Historia.

Están en su derecho de decir que esto siempre ha funcionado así, y que los diputados del PP también votaron con la nariz tapada decisiones de sus Gobiernos que no compartían. Es tan verdad como que es la primera vez que el ejercicio de la obediencia al partido llega tan lejos porque lo que está decidiéndose en el Congreso es el principio del fin del sistema de 1978.

Pablo Iglesias y Oriol Junqueras comparten ese objetivo y no puede negarse que, posiblemente, han llegado ya más lejos de lo que jamás pensaron que iban a conseguir en esta embestida. Ya no hay delito de sedición, los políticos corruptos podrán alegar que en su programa electoral iba el compromiso de dedicar dinero a un fin ilegal y es difícil que el CGPJ y el Tribunal Constitucional se recuperen de este empecinamiento en teñir de marrón sus cimientos. La Historia colocará a cada uno en su sitio cuando reparta responsabilidades.