Alquileres disparados

De acuerdo con los datos recientemente publicados por Idealista, el alquiler de un inmueble de dos dormitorios ya absorbe en algunas provincias españolas cerca de la mitad de los ingresos del hogar. Ése es el caso de Málaga o de las Islas Baleares. En otros puntos de la geografía española, el porcentaje ronda el 40%, cuando lo financieramente prudente es que no rebase el 30%. Es cierto que no ocurre lo mismo en todas partes: en Castilla-La Mancha, Castilla y León o Galicia, el esfuerzo familiar del alquiler se ubica por debajo de un prudente 20%. Pero, como vemos, sí hay zonas de España en las que existe una evidente carestía de vivienda en relación a su demanda, lo que impulsa al alza los precios.

E insisto en este punto: a diferencia de lo que sucedió hace casi dos décadas, cuando se infló la burbuja inmobiliaria y se multiplicó irracionalmente la oferta de inmuebles, en la actualidad sabemos que falta vivienda en muchas ciudades porque los alquileres se están disparando… cosa que no sucedió durante la burbuja inmobiliaria (cuando los precios de compraventa crecieron muy por encima de lo que lo hicieron los alquileres). El hecho de que los alquileres –un precio que no depende de que los ciudadanos se endeuden en condiciones más o menos laxas– suban sí significa que la oferta de vivienda es insuficiente para atender la demanda: que hay inquilinos dispuestos a pagar cada vez más porque no hay inmuebles (donde residir) para todos.

Por eso, la principal política de vivienda en estos momentos debería ser la de facilitar un incremento de la oferta: liberalizar el suelo y flexibilizar el cambio de uso del suelo. Si no permitimos que se construya mucho más allí donde se necesitan más plazas de vivienda, los alquileres seguirán creciendo y absorbiendo porciones crecientes de los ingresos familiares en beneficio de los arrendadores. Y entiéndaseme: no creo que los arrendadores sean los malos de la película, pero si los políticos impiden que se incremente la oferta de nueva vivienda, esos arrendadores percibirán rentas extraordinarias gracias a que esos políticos los protegen frente a la competencia. Y nadie debería gozar de los privilegios de un monopolio.