La «antiespaña» sanchista

«España no escucha a Cataluña», dijo el president de la Generalitat Pere Aragonès desde la tribuna del anterior e histórico salón de plenos del Senado, en el debate celebrado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Esa afirmación resume a la perfección el concepto que el nacionalismo identitario, secesionista y republicano tiene de la democracia, de Cataluña y de España. Todo ello tan «progresista y convivencial» como su domesticado rehén político califica a su coalición sanchista. Una vez más quedó en evidencia su convicción de que esta «izquierda nacionalista, progresista y republicana» –en palabras de su estrecho aliado Otegi– es la necesaria para romper España.

Aragonès y su partido se creen los dueños de Cataluña, disputándole su propiedad al prófugo del maletero, y para demostrar que ellos sí «escuchan a España», bajó de la tribuna y se fue sin oír a los representantes de las autonomías que concentran al 70% de la población española. El resto no estuvo representada, ni por el Gobierno ni por sus presidentes socialistas y el nacionalismo vasco. Así que el debate fue un monólogo dialogado porque «no hay peor sordo que el que no quiere oír», y en este caso además con una lamentable y elemental falta de respeto hacia sus colegas del resto de España.

Cada día que pasa, la infamia sanchista se acrecienta, convertida su progresista alianza en una virtual coalición antiespañola que ha vuelto a resucitar «las dos Españas». Aunque con el actual «PSOE» las enfrentadas ya no son «la roja y la nacional», como en el 36, sino España y la antiespaña que la quiere destruir, con Sánchez y esas siglas PS convertidas en el Partido Sanchista, mero apéndice de su personal autocracia.

A los socios nacionalistas identitarios de esa reaccionaria coalición, su PS le ha dado la visibilidad y financiación que no le otorgaron los ciudadanos catalanes el 23-J, y lo ha hecho mediante un flagrante fraude de ley, cediéndole los diputados que necesitaban para tener grupo parlamentario en el Congreso a fin de que sigan lanzando improperios contra España, de la que quieren irse.

El socio PNV no necesitaba ayuda para el Congreso, pero sí para el Parlamento Europeo –con elecciones en mayo próximo– si se aprueba una norma que exige para obtener representación parlamentaria un porcentaje mínimo de votos en cada uno sus respectivos 27 estados. Todos los países, menos uno, han refrendado la norma que exige unanimidad para que entre en vigor. Imaginen cuál es el único Gobierno que falta por hacerlo. Piensen mal y acertarán.