Es la hora de hacer balance, analizar los fallos, buscar remedios y exigir responsabilidades. Lo primero que salta a la vista al reflexionar sobre este temporal, ya histórico, que ha dejado cientos de muertos y una estela inédita de desolación y ruina, es que la Naturaleza desatada ha encontrado facilidades para la destrucción por fallos graves, estrictamente políticos, a la hora de planificar el territorio; con edificaciones y coches que obstruyen el cauce natural, mal canalizado, de las aguas. Eso no se corrige de la noche a la mañana, pero esta tragedia debería obligar a los poderes públicos a ponerse inmediatamente manos a la obra para reordenar los territorios afectados, los cauces fluviales y las edificaciones, antes de que se repita la tragedia. Lo del calentamiento global no es en este caso razón suficiente. Y ha resultado llamativo el silencio de la Confederación Hidrográfica quitándose del medio.

Observando las imágenes tercermundistas de las calles enfangadas, los coches amontonados, las casas destrozadas, los ladrones sueltos..., uno sentía vergüenza y rabia. La visita obligada de los dirigentes políticos para quedar bien y sus promesas improvisadas no consolaban a nadie. El Rey salvó en Paiporta la dignidad del Estado; el presidente Sánchez se hundió en el barro. Sólo la presencia de los militares, policías, voluntarios y organizaciones humanitarias como Cáritas era capaz de levantar algo el ánimo de la gente. El lema de «sólo el pueblo salva al pueblo», junto a su carga positiva –el coraje de los voluntarios, el espíritu solidario– encierra un duro reproche popular a la clase política dirigente, que sale más desacreditada de lo que estaba antes de esta crisis.

Ha resultado deprimente e intolerable la descoordinación entre el Gobierno y la Generalidad valenciana, intentando echarse uno al otro los muertos encima para lograr ventaja electoral. El desbarajuste de los primeros días y la evidente falta, durante toda la crisis, de un mando central de operaciones ha provocado un notable descrédito del modelo autonómico. Ante la magnitud de la catástrofe y las ramificaciones del temporal en varias comunidades autónomas, el Gobierno de España, se lo pidieran o no desde Valencia, debía haberse hecho cargo de la situación, decretando inmediatamente el estado de emergencia nacional. El Sistema Nacional de Protección Civil establece que hay que hacerlo si los hechos afectan a varias comunidades autónomas o cuando «por sus dimensiones efectivas o previsibles requieren una dirección de carácter nacional». ¿Cuándo estaría más justificado que en este caso? Un mando central operativo habría podido evitar muertes, daños materiales y el tremendo espectáculo que hemos ofrecido al mundo, propio de un Estado fallido.