El Brexit catalán es el precio

Dado que la osadía es el rasgo principal del presidente del Gobierno, no es de extrañar que esté dispuesto a tomarle la palabra a Puigdemont, quien a través de sus principales representantes ha vuelto a reiterar las dos condiciones básicas para el sí a la investidura: la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Ambas imposibles, dicen los exégetas de la Constitución, porque nuestra Carta Magna lo impide. Sí, en efecto, ya lo sabemos, pero eso es lo que pide el fugado, a quien no le importa ya una competencia más o menos y tampoco un referéndum-fraude para mejorar la autonomía. «La ley no puede ser el límite» dice Laura Borrás. Antoni Castellá, uno de los puigdemones oficiales, le ha dicho a Sánchez que «el marco mental tiene que ser el Brexit catalán: ¿está usted dispuesto a negociarlo?». A negociarlo en Waterloo, no en Madrid, primera condición. Ese es el eje de la discusión.

Claro que, si la ley y la Constitución lo impiden, ¿cómo va a ser posible negociar ambas cosas? Ahí es donde entra en juego la osadía sanchiana. Le dirá al desertor que no hay problema. La amnistía no es posible, pero depende de cómo se interprete, y ya hay constitucionalistas como Javier Pérez Royo y Juan Antonio Xiol afirmando que ni Carles Puigdemont es un huido de la Justicia ni hay ni un solo artículo de la Constitución que impida la amnistía. Igual que el referéndum, al que se llamará de otra manera pero con la misma efectividad. Con osadía, como la hubo en su momento para los indultos, la sedición y la malversación. Con esa misma osadía se aprobarán las leyes necesarias, sabiendo como sabe el PSOE que de inmediato habrá recursos de inconstitucionalidad. Sólo que es justamente en el TC donde Sánchez exhibe su fortaleza. El Tribunal Constitucional dará el visto bueno a ambas iniciativas. Para eso el Gobierno se ha garantizado una cómoda mayoría en la más alta Magistratura, encabezada por Conde Pumpido, cuya forma de proceder la define su ya lapidaria frase «hay que mancharse las togas con el polvo del camino».

A esta estrategia de «mancharse las togas» se sumarán también con entusiasmo los nuevos vocales Juan Carlos Campo y Laura Díez. El ex ministro es un decidido partidario de abrir «el debate constituyente», y Díaz (ex empleada de Bolaños en Moncloa) habla de un «marco legal en evolución» para referirse a la «solución» del problema catalán. Más aún: aunque no sea tan de la cuadra sanchista, la vocal progresista María Luisa Balaguer hizo famosa su teoría del «derecho constructivista», que consiste básicamente «en que seamos capaces de superar a la ley». Lo dijo claro en Radio Nacional, al reivindicar que «el papel del juez» no puede ser simplemente el de aplicar la ley, «pues para eso un ordenador bastaría», sino que los miembros del TC «han de ser capaces incluso superar la ley».

Es la baza de Pedro Sánchez, que hará llegar en forma de «garantías», y por el cauce adecuado, a un Puigdemont victorioso, que regresará a España no ya como un huido de la justicia sino como Tarradellas, a hombros y por la puerta grande. De manera que yo, si fuera Feijóo, le ofrecería la presidencia del Congreso al PNV, tal y como sugiere Coalición Canaria.