En busca del voto cautivo de los funcionarios

Por una vez, y sin que sirva de precedente, esta tribuna va a hacerle el juego a Pedro Sánchez y no va a centrarse en la infame amnistía que el Gobierno proyecta conceder a los golpistas catalanes del «procés», ni en la vergonzosa transferencia de la política migratoria a Cataluña, la ominosa quita de deuda a este territorio o el desprecio permanente a las víctimas del terrorismo a través de todo tipo de concesiones a los proetarras. Como bien se ha encargado de difundir estos días a través de sus terminales mediáticos al hilo de su presencia en Davos, al presidente no le gusta que se hable de eso, porque destapa su afán totalitario de mantenerse en el poder, un fin que justifica para él y sus acólitos todos los medios inimaginables. En lugar de ello, dedicaré este generoso espacio que me concede LA RAZÓN a recordar la situación de la España real, una situación de la que apenas se habla al aflorar a cuentagotas, y que si se analiza con una visión de conjunto empieza a aterrar.

 Nos cuenta Javier de Antonio en estas páginas de libertad informativa que nuestro país roza los tres millones de empleados públicos. Mientras Javier Milei pisa el acelerador en Argentina para desinflar el papel del Estado y aligerarlo de deuda, los socialcomunistas que mandan en España lo están engordando hasta límites insospechados, desafiando los mandamientos de una recta economía de los recursos públicos. José Luis Escrivá, flamante ministro de Función Pública, ha sacado a la luz la existencia de más de 230.000 empleos en este sector que hasta ahora no estaban contabilizados en las estadísticas oficiales. Son alrededor de 136.000 interinos con contratos precarios y alrededor de 100.000 en prácticas o becados. Con ello, las administraciones públicas rozan ya los tres millones de efectivos. El cambio estadístico que computa todos los contratos temporales y no sólo aquellos que superan los seis meses ha aflorado una cifra récord de empleados públicos sin que se aprecie a cambio una mejora de la eficiencia de los servicios que perciben los ciudadanos, sino, más bien, todo lo contrario. El incremento del número se produce en el Estado y, sobre todo, en las autonomías, de mayoría socialista en el periodo analizado, pero no así en la administración local, en donde ha descendido, y se enmarca en un entorno en el que la deuda de las administraciones públicas también bate todos los récords, limitando el margen de maniobra para reforzar los principales pilares del llamado Estado del Bienestar.

De momento, el Gobierno socialcomunista de Sánchez sigue al pie de la letra el manual de funcionamiento de todos los gobiernos populistas. Un manual que puede resumirse en los siguientes pasos: disparar la deuda pública para engordar con ella las administraciones y la nómina de funcionarios, generalizar las dádivas y subvenciones, y buscar el voto cautivo de los jubilados, aunque el sistema que sostenga sus pensiones se encamine directo hacia la quiebra. La España real de la que apenas se habla encierra otras sorpresas no menos llamativas. El precio de los alquileres, por ejemplo, se disparó de forma descontrolada en 2023 y ha subido más de un 60% en diez años, lo que da fe del fracaso de las políticas socialcomunistas para acercar la vivienda a la capa de población más desfavorecida. Otro fiasco más a anotar al Gobierno de Sánchez y sus sumisos compañeros de viaje.