España S.A., país de funcionarios: 406.000 más y coste récord en cinco años

España roza los tres millones de empleados públicos en julio de 2023, una vez que el nuevo ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ha decidido acabar con la opacidad que ha caracterizado el paso de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por este departamento y levantar el telón de la transparencia para aflorar más de 230.000 empleos públicos que hasta ahora no eran contabilizados. Y eso que ha decidido dejar fuera de los nuevos cómputos a más de 24.000 empleados públicos de Justicia y del Ministerio Fiscal, que a partir de ahora se contarán de forma independiente como miembros del Poder Judicial. Por contra, ha decidido visualizar a 136.000 interinos con contratos precarios y a casi 100.000 con vinculación en prácticas o becados, para elevar el personal al servicio de las Administraciones Públicas hasta 2.967.578 de efectivos a cierre del mes de julio del pasado año, cifra que supone récord histórico desde que se tienen registros actualizados, según el «Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas» que ha publicado el Ministerio de Función Pública.

Así, el número de empleados públicos se ha disparado de golpe en sólo un año hasta superar los 236.000 trabajadores al cierre de julio de 2022 gracias al citado cambio estadístico que computa ahora todos los contratos temporales y no sólo aquellos que superan los seis meses. Por ello, la comparación interanual, afectada por esta modificación, disparó más de un 14% el número de empleados de las comunidades autónomas –un porcentaje que sería más alto si se contabilizan los 366.000 que sumaron en los últimos cinco años–, mientras que en el Estado aumentaron en un 2,5 % y en la Administración Local disminuyeron un 0,7%, aunque ganan 31.000 efectivos desde 2018.

La mayor parte del crecimiento de los empleados públicos se concentra en las comunidades autónomas, que superan ya los 1,85 millones, el 62% del total, casi 200.000 por encima de la Administración General del Estado (AGE), 1,66 millones. Las administraciones locales emplean a 594.225 personas, un 20%, la mayoría en ayuntamientos (526.209) y el resto, en diputaciones cabildos y consejos insulares (68.016). Destacan también los 274.752 ubicados en las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (274.752), los 238.725 de la Administración del Estado y los 181.885 integrados en las universidades. Casi la mitad de los empleados públicos (1,47 millones) es personal funcionario de carrera y el resto, personal laboral (641.599) y otro tipo personal (853.702).

Es en esa última categoría en las han aparecido las discordancias con las anteriores cifras por interinidades e integraciones en prácticas, y se ha confirmado que en los últimos cinco años, coincidiendo con las legislaturas de Pedro Sánchez, el sector público ha engordado en 406.000 nuevos empleados públicos, unas cifras que no se veían desde las últimas décadas del siglo pasado, cuando la descentralización de las competencias disparó las necesidades de contratación de los gobiernos autonómicos.

Así, Sánchez ha promovido un cambio radical respecto a la anterior etapa, la de Mariano Rajoy, en la que a partir del año 2011 se vio una regresión en la contratación pública al no actualizar las tasas de reposición de las plantillas, además de que se redujeron drásticamente las convocatorias de empleo, aunque sí que se vio un ligero aumento del número de interinos, pero no en las cifras actuales, que rozan el 30% de la plantilla, más del doble de la interinidad del sector privado. Los gobiernos de Rajoy recortaron el peso del sector público central en casi 60.0000 puestos, un déficit que los tres sindicatos mayoritarios (CSIF, CC OO y UGT) aseguran que no se han cubierto, pese al crecimiento sólo en el último año en más de 11.000 empleos, un dato que apunta 2.000 más de los 9.000 que se han ganado en la AGE desde 2018.

Esta ganancia de peso público es reflejo de la Oferta de Empleo Públicos (OEP), que los sindicatos aseguran que «ha logrado paliar el déficit estructural de efectivos» que existía desde los recortes introducidos entre los años 2010-2016. Según recuerdan, por las consecutivas OEP han conseguido «una tasa de reposición del 100% en los sectores prioritarios y del 75% en el resto». En 2021, se consiguió una tasa de reposición del 110% para los sectores prioritarios y del 100% para el resto de sectores. Y en las de 2022 y 2023 se logró elevarla aún más y llegar al 120% en los sectores prioritarios y el 110% para el resto de sectores.

Pero todo esto tiene un coste cada vez más elevado de las partidas destinadas por los diferentes gobiernos y organismos públicos a pagar los salarios de sus funcionarios, un porcentaje que supera de largo la mitad de sus presupuestos anuales –el 52% según el último dato oficial–, lo que sitúa a nuestro país 8,5 puntos porcentuales por encima de la OCDE, cuyos miembros apenas utilizan el 43% de sus recursos para ello. En relación con el porcentaje del PIB nacional que se destina al gasto, España supera el 12%, unos 155.000 millones de euros, mientras, la media de la OCDE gasta el 9,3% en el pago a sus funcionarios.

Esos casi 155.000 millones de gasto que marcaron el récord histórico en 2022, serán superados de largo cuando se conozca la factura final con la que se cerrará el pasado ejercicio. Según fuentes ministeriales, la nueva marca se «acercará mucho» a la frontera de los 161.000 millones, ya que si se tienen en cuenta los últimos datos oficiales publicados por las diferentes Administraciones en el último trimestre de 2023, el aumento del presupuesto de personal superaba el 6%, casi el doble de los que creció en el ejercicio anterior (3,4%), lo que equivaldría a 6.800 millones más respecto al mismo periodo del año anterior.

Si a esta previsión se le suman los 190.000 millones que se destinan ya el pago de las pensiones, la mareante cifra total que arroja alcanza los 350.000 millones de euros. Por tanto, a estos dos conceptos se destinará casi del 72% del gasto total consignado en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que rozaron los 486.000 millones.

Estado S. A.

Así, el sector público se ha confirmado como la mayor «empresa» de España. Ahora mismo, 19,3 millones de españoles –entre funcionarios, pensionistas, desempleados y perceptores de ayudas, prestaciones y subsidios– dependen directamente de lo que cobren del Estado, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos, mientras que los que lo hacen del sector privado apenas superan los 14,3 millones, un desfase de 5 millones de personas. Es decir, que cada trabajador del sector privado debe sostener a 1,5 personas que están amparados por el sector público.

Según cálculos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), para sostener este entramado público, el trabajador del sector privado tiene que afrontar un pago medio mensual de 1.600 euros para el sostenimiento del sistema de pensiones, las prestaciones por desempleo, los subsidios y el salario de funcionarios, empleados de empresas públicas, interinos, temporales y políticos. Por tanto, cada trabajador privado se hace cargo anualmente de unos pagos sociales que superan los 19.000 euros.

Así, el peso del sector público crece imparable con casi 19.000 entes públicos y con récord de ministerios, consejerías, concejalías y cargos de designación. En la actualidad, uno de cada cinco empleos creados en España en el último año ha sido en el sector público. Entre octubre de 2022 y 2023 se han creado casi 534.000 empleos, de los que casi 106.000 corresponden a la Administración Pública.