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Demoliciones legislativas

Tiempo de lectura 2 min.

23 de marzo de 2017. 00:09h

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Martín Prieto 23/3/2017

Legisladores nuestros se han aficionado a la ley garrote que desmocha las precedentes y a derecha e izquierda son bautizadas así por los publicistas partidarios. La ley de la patada en la puerta de Corcuera fue corregida por el Constitucional ya que mi viejo amigo consideraba progresista la violabilidad del domicilio, sin mandamiento judicial y cuando en Francia está prohibido entrar en las casas con nocturnidad aún cuando lo ordene un juez. Le predije que de prosperar su desatino trocaríamos las puertas por cortinas para ahorrar en reformas. Otro publicitario lanzó la ley mordaza que ni los manifestantes han leído, que ya se aplica sin alarma de nadie y que ni vulnera las libertades ni atenta contra los derechos humanos como claman fervorosos excitados. Derogarla de la cruz a la fecha o por capítulos solo tiene sentido como ley del garrote contra un Gobierno minoritario. No parece insensato o fascista penalizar el bloqueo de los parlamentos u otras instituciones, o la grabación de los guardias o el uso de redes sociales para colapsar las calles. Por el contrario, la cacareada ley mordaza despenaliza delitos en faltas administrativas. Sí es oportuno una rebaja drástica de las multas ya que muchas son impagables o confiscatorias. Pero no hay más tela que cortar que el traje a medida que necesitan hacerse los socialistas para transitar su trance. Ni el Código de Hammurabi, madre de toda legislación ulterior, debiera ser derogado, porque la ley del Talión fue progresista aplicando el ojo por ojo y diente por diente a cada casuística evitando matanzas tribales por un hueso roto. Hasta Franco mantuvo la ley de Vagos y Maleantes promovida por Azaña y votada por todos los grupos parlamentarios republicanos, y que inauguró, antes que los nazis, campos de concentración en Burgos, Alcalá de Henares, El Puerto de Santamaría y, para recalcitrantes, la isla de Annobón frente a Guinea Ecuatorial. Sin juicio y picando piedra por el rancho. Mejor nos iría la durísima ley de Defensa de la República (firmada por Companys antes de violarla), que hoy como Defensa de la Democracia mantendría en penales a antisistemas y secesionistas. La ley franquista de Peligrosidad Social estuvo en vigor hasta su sustitución por el Código Penal de 1995. ¿A que esta demolición de la ley mordaza (¿), manifiestamente mejorable, con tantos fariseos golpes de pecho? El Frente Popular que se atisba será una empresa de demoliciones.

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