Hay quien asegura que el verdadero final de la UCD –el partido de centro derecha que pilotó la Transición– se sentenció con el nacimiento de la autonomía andaluza. Como todas las afirmaciones rotundas, ésta tiene su parte de exageración y su parte de verdad. La UCD había deseado que Andalucía fuera una de las autonomías de segunda, las del artículo 143, distintas de las de primera –Cataluña, País Vasco y Galicia– o del artículo 151. Semejante postura, comprensible en la época, precipitó no sólo una victoria de las izquierdas en el referéndum autonómico, sino el inicio de un auténtico régimen en manos del PSOE. Cuando se repasan las videotecas de la época, conmueve contemplar a campesinos andaluces asegurando que los problemas de su región se arreglarían cuando Andalucía fuera «una nacionalidad». De entrada, lo que se produjo fue una suma de irregularidades. La campaña –la más enconada de la región desde las elecciones generales de junio de 1977– comenzó con una pregunta formulada de la siguiente manera: «¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?». Según lo dispuesto en los artículos 151.1 y 151.2.4 de la Constitución, para constituir la Comunidad Autónoma de Andalucía era necesario que en todas las provincias la mitad más uno al menos de los electores votasen afirmativamente. Sin embargo, en Jaén y Almería – es decir, el 25% de las mismas– se obtuvo menos del 50% de votos favorables sobre el censo emitido. Ni la izquierda estaba dispuesta a ceder una presa que veía como segura ni la derecha tuvo el valor de impedirlo. Aunque en Jaén los resultados fueron impugnados, la Audiencia de Granada decidió admitir como válidos los votos emitidos en sobres con dos o tres papeletas del mismo signo, que habían sido computados en su momento como nulos por la Junta Electoral Provincial. Igualmente, la Audiencia desestimó el recurso de UCD solicitando que se excluyeran del censo electoral a las personas fallecidas o incapacitadas entre el 1 de enero de 1979 y el 28 de febrero de 1980. Así, en Jaén acabó triunfando la autonomía por el 50,07%. En el caso de Almería, se optó por reformar una Ley Orgánica para dejar sin efecto un precepto de la Constitución Española. La nueva redacción del artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum permitió que el referéndum se considerara ratificado en todas sus provincias si la mitad más uno de los electores de la futura Comunidad Autónoma en su conjunto había votado afirmativamente. Se diga lo que se diga, como inicio ya resultaba inquietante. Fue además premonitorio de lo que cabría esperar en el futuro. Tras ocho elecciones autonómicas desde 1982, Andalucía no ha visto el menor signo de alternancia en el poder y, lo que es peor, sigue arrastrando males como la enorme tasa de desempleo, los bajos resultados en educación, la economía sumergida y la dependencia del poder, especialmente en la población rural. Sería erróneo señalar que el PSOE ha gobernado en estos años. En realidad, ha establecido un régimen que se sustenta electoralmente en la creación de clientelas que no producen, sino que son mantenidas a cargo de los presupuestos mediante figuras como el PER o la corrupción más descarnada. Apelando a una visión ideal de la izquierda, lo cierto es que los presidentes de la Junta hasta llegar a Susana Díaz han procedido por regla general, no de familias opositoras del régimen de Franco, sino de estirpes de férreos defensores de la dictadura. Los vínculos familiares han sido, desde luego, esenciales para el establecimiento de un nepotismo que se extiende en todas direcciones aunque en el resto de España, como mucho, se conozcan las escandalosas subvenciones otorgadas a MATSA, la empresa donde encontró empleo una hija del presidente Chaves. El PSOE en Andalucía ha tendido la mano lo mismo a masones que a católicos, pero su finalidad ha sido, fundamentalmente, la de perpetuarse en el poder y así, a pesar de enarbolar la bandera de la nacionalidad andaluza, no se ha molestado en defender un Plan Hidrológico Nacional que garantizara la prosperidad para Almería. Porque ésta ha sido otra de las características del poder socialista: no buscar el bien común, sino el de sus mesnadas. No son pocos los empresarios sabedores de que no han podido abrir un centro en alguna capital andaluza por la sencilla razón de que la Junta socialista temía que el tanto se lo apuntara un alcalde del PP. A pesar de su capital humano, de su extensión y de su riqueza, la región se ha mantenido entre las más pobres de la UE gracias a un régimen asentado fundamentalmente en el agro y cuya extensión ya rivaliza con la de la dictadura de la que proceden las familias de los nuevos caciques.

RAFAEL ESCUREDO

(1982-1984)

El primer presidente de la Junta obtuvo en su día el 52,56% de los votos y 66 escaños. Fue un resultado demasiado bueno para un PSOE que veía con desconfianza a un personaje que en algunos sectores era mejor considerado que Felipe González. Cuando Escuredo pretendió dar una deriva andalucista a su gobierno, llegaron las presiones. Su dimisión vino precipitada por informaciones –según algunos, filtradas por el mismo PSOE– sobre las condiciones ventajosas que le había otorgado Dragados y Construcciones para edificarse un chalé en Simón Verde. Escuredo intentó salvar la situación entrevistándose en el invierno de 1984 con Alfonso Guerra. Del encuentro concluyó que no le quedaba otra salida que la dimisión. La nota de humor negro se produjo cuando, al anunciarlo a su gobierno y pedirle a su vicepresidente que la reconsiderara, Escuredo respondió: «Pues mira, lo mismo lo hago y me quedo».

JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA

(1986-1990)

«Pepote» lograría la elección gracias al 47,22% de los votos y 60 escaños. De él no se podía decir que fuera un paria de la tierra. Su bisabuelo fue ministro de Alfonso XIII, su abuelo, alcalde de Sevilla y su padre, premio Nacional de Investigaciones Científicas. En su día, se contó cómo los miembros de su familia llegaron a jugar un partido contra miembros de la prensa, cuyos nombres nadie desea recordar. «Pepote» defendió la permanencia de España en la OTAN cuando así lo decidió Felipe González y fue abriendo espacio para sus familiares en el organigrama del poder. El resultado fue elocuente. El fraude del PER salpicó a su hermano Ángel, alcalde de Cazalla de la Sierra, una localidad sevillana en la que, tras una década de gestión y a pesar de los subsidios europeos, los vecinos sólo tenían suministro de agua dos horas cada dos días. El año pasado, Anticorrupción le reclamaba más de 11 millones de euros.

MANUEL CHAVES

(1990-2009)

Hijo de un coronel furibundamente franquista, Manuel Chaves constituye el paradigma máximo del régimen socialista de Andalucía. El nepotismo, la corrupción, el clientelismo, la publicidad institucional como arma de presión y el acoso a los medios críticos fueron el día a día de las casi dos décadas en las que Chaves estuvo al frente de la comunidad andaluza. Con él en el poder se fraguaron episodios bochornosos como las obras del Quinto Centenario, la red de ayuntamientos convertido en «burgos podridos» o la inacabable trama de los ERE, que aún sigue coleando. Chaves supo, sin duda alguna, consolidar, frente a un PP que avanzaba en las grandes urbes, un modelo de caciquismo rural que se demostraría imbatible solo o en coalición con el Partido Andalucista. El 17 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo lo citó a declarar como imputado en la causa instruida por la juez Alaya.

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN

(2009-2013)

Su trayectoria fue una gris continuación de los peores aspectos de Chaves. Y aquí se podría incluir la ocultación de su pasado familiar. Griñán afirmaría en un mitin: «Nosotros, los socialistas, los que hemos sufrido la represión de la dictadura, no podemos permitir que la derecha gobierne en Andalucía». Sin duda, se trataba de una frase peculiar en boca de un hijo de Octaviano Griñán Gutiérrez, oficial de la Casa Militar de Franco, cuya acta matrimonial fue firmada entre otros por el ministro del Ejército, Antonio Goicoechea. Griñán se alejaría de la presidencia de la Junta intentando situarse en un segundo plano, pero aforado frente a la instrucción del sumario de los ERE. Al igual que su predecesor Chaves, fue citado para explicar su supuesta vinculación con una trama que jugaba, entre otras cosas, con jubilaciones fraudulentas a personas que nunca trabajaron en las empresas afectadas.

SUSANA DÍAZ

(2013-2015)

De extracción social bien diferente a sus predecesores, la actual presidenta de la Junta es hija de un fontanero, fue catequista y estudió la carrera de Derecho –que tardó en concluir una década– con beca mientras daba clases particulares y vendía productos cosméticos a domicilio. Su ingreso en las Juventudes Socialistas de Andalucía –para cuya secretaría fue elegida hace casi veinte años, en 1997– la convirtió en un «apparatchik» del PSOE que fue ascendiendo por la escalera de cargos paulatinamente. Sucesivamente, sería concejal, diputada, senadora, consejera y por último, presidenta de la Junta. Su reciente decisión de romper el pacto electoral con IU la obligó a convocar elecciones anticipadas, que se celebrarán el próximo domingo. Según las últimas encuestas, Díaz ganará, pero no logrará la mayoría absoluta, lo cual podría generar un marco interesante para ver dónde busca aliados.