El riesgo de la ilegalidad

Los catalanes se lo han dejado muy claro al presidente de la Generalitat. Ésta vez no ha sido un alto mandatario ni un político al uso, sino una asociación de jueces de reconocido prestigio como es la Francisco de Vitoria que, a través de su portavoz, Marcelino Sexmero, considera que Artur Mas podría cometer los delitos de prevaricación, desobediencia e, incluso, sedición si realiza una consulta ilegal el 9 de noviembre. La condena por ellos podría suponer a partir de los 15 años de cárcel. ¡Ojo! Desde los tiempos de Platón, la legalidad se ha hecho imprescindible en la carrera hacia el Bien Común. En cualquier democracia de un Estado de Derecho, «todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley», un principio expresado muy claramente en el artículo 14 de nuestra Constitución. Por coherencia, no debería sorprendernos la intervención de la Justicia ante la comisión de un delito. Quien lo hace, es carne de tribunales. Con todas las garantías, por supuesto. Trasladado esto a las tierras del noreste, recordemos que ya en 1934, el presidente del Gobierno de Cataluña y todos sus miembros fueron detenidos cuando Companys declaró oficialmente la independencia. No digo que la Historia necesariamente se repita, pero a veces se empeña en ello. Muchos subrayan la necesidad de tener en cuenta algunos pasajes de la Historia, para que no se repitan. Mas está obligado a velar por los intereses de sus conciudadanos y de su propia Comunidad. Ésos, no lo dude, hoy por hoy están con España. Por ello, no puede conducirlos hacia una situación irreversible, en la que una salida hacia la mejora de las condiciones de vida escenifique, como la foto que circulaba ayer por las redes sociales, a grupos de catalanes saltando la valla de la frontera hacia España, como en Ceuta y Melilla. Así es la vida.