Crece la preocupación por la corrupción política, que se castiga en las urnas

Las escandalosas correrías del llamado «Tito Berni», el exdiputado del PSOE en el Congreso, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, protagonista de nueva trama de corrupción, llamado «caso Mediador» que atañe a los socialistas, están en todos los telediarios, las portadas de la prensa y los programas de radio, y aunque aún no se refleje en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), estos sí marcan un crecimiento sostenido de la percepción ciudadana del problema de la corrupción.

Si bien, la crisis económica sigue siendo la principal preocupación de los españoles, con un 45,2 por ciento, es ligeramente menor que en 2021, con un 45,5 por ciento y superior al 2022, año en que bajo al 34,5 por ciento, en los últimos tres años la preocupación entre los españoles por la corrupción política se ha duplicado, pasando de representar en 2021 el 2,6 por ciento, a situarse en enero de este año en el 5,1 por ciento, datos previos a la irrupción del mencionado escándalo del caso «Mediador».

Con la reforma del código penal del delito de malversación y la consecuente rebaja penal, sin duda animará a los conspiradores y golfos a aprovecharse de sus cargos públicos para cometer desde ellos tropelías y desmanes.

El principal argumento que esgrimía Sánchez para justificar la moción de censura, era la presunta corrupción del PP por el caso Gürtel. Concretamente se basaba en determinados párrafos de la sentencia inicial de 2018, que posteriormente fueron eliminados por el Tribunal Supremo en 2020, por lo que dejaban sin fundamento al PSOE para llegar tan lejos. La sentencia del TS invalidaba la maniobra de la moción de censura.

Recientemente el PSOE está viendo cómo se le acumulan los casos de corrupción; ERE en Andalucía, presunta financiación ilegal en Valencia, etc. y ahora «Tito Berni» y sus secuaces.

Las consecuencias políticas se harán sentir sin duda, incrementando la desmovilización electoral entre sus votantes, que ya estaba sufriendo el PSOE por el desgaste en su gestión de gobierno, a la que se une estos últimos escándalos.

La corrupción en las filas del oponente es un arma empleada por derechas e izquierdas para beneficio propio, el crecimiento electoral de Ciudadanos entre 2015 y 2019, se basó en buena medida en convencer a millones de votantes del Partido Popular de que este partido estaba herido de muerte por la corrupción y que el «recambio» era Ciudadanos. Los naranjas tuvieron tanto éxito con esta argumentación que en las elecciones generales de abril de 2019 los de Albert Rivera e Inés Arrimadas recibieron 4,2 millones de votos, dejando al PP en 4,4 millones. A fecha de hoy, casi cuatro años más tarde, el Partido Popular ha vuelto a recuperar la confianza del votante del centro derecha con una expectativa de 8,1 millones de votos, frente a los 0,5 de Ciudadanos. Ambos sumaron 8,6 millones en abril de 2019, y hoy también, por lo que se demuestra que el Partido Popular ha recuperado prácticamente la totalidad de los que en un momento determinado dejaron de creer en el proyecto de los populares y eligieron la alternativa naranja.

En diciembre 2017 en la Audiencia de Sevilla arrancaba el primer juicio de la trama de los ERE, la pieza política, con los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que a lo largo de un año compartieron banquillo con seis de sus exconsejeros. Esta exposición mediática hará mella entre los votantes socialistas.

Semanas antes de concluir, el 2 de diciembre, se celebran las elecciones autonómicas en Andalucía. Consecuencia, pérdida de la hegemonía del PSOE y llegada del primer gobierno presidido por el Partido Popular (con Juanma Moreno como presidente y en coalición con Ciudadanos) en esa comunidad autónoma, el gran feudo de los socialistas desde el inicio de su andadura.

En 2022 el proceso judicial termina con las condenas de Griñán, a seis años y dos días de prisión y a inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por malversación y prevaricación y de Chaves, a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, además de otros siete altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía. En las elecciones autonómicas de junio de ese año, el PP liderado por Juanma Moreno obtiene su primera mayoría absoluta en Andalucía, y el PSOE se hunde al 24,1 por ciento, su peor resultado histórico.