Pedro Sánchez anunció su intención de gobernar de espaldas al Parlamento. El tiempo ha verificado que es posiblemente una de las pocas verdades que han salido de su boca desde que llegara a la Presidencia con una moción de cesura manipulada. Esa decisión de acabar por la vía de los hechos consumados con la división de poderes y cancelar de facto las atribuciones de las Cortes conforme a la Constitución y las leyes ha sido una constante que se ha agudizado según la aritmética en las Cámaras ha complicado la acción de gobierno. Las continuadas derrotas en el hemiciclo del Congreso han visibilizado la condición de un liderazgo en Moncloa que nunca debió llegar a término como la consecuencia lógica de no disponer de una mayoría para la legislatura. Burlar la fiscalización de los representantes de la soberanía nacional, con lo que supone de sortear la rendición de cuentas de la obra gubernamental, sin someterse con integridad a los mecanismos de pesos y contrapesos de una democracia parlamentaria, ha ido fraguando una gobernanza de naturaleza despótica sostenida por los implacables resortes de un ejercicio del poder ilegítimo. Hay innumerables referencias que retratan la voluntad de Sánchez, pero la más concluyente e incontestable son sus propias palabras: «gobernaré con o sin apoyo del Parlamento». El nuevo plan para elevar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB, que Moncloa no piensa someter al Congreso, ha sido la última abominación predemocrática que, lejos de naturalizar y siquiera relativizar, estamos obligados a denunciar. Eludir el deber del procedimiento legislativo para la supervisión de un esfuerzo presupuestario de más de 10.000 millones de euros, que casi supone duplicar la partida del Ministerio, mediante un discurso tramposo, supone, por supuesto, un abuso y una falta de respeto a los ciudadanos, pero sobre todo un fraude. Que Sánchez manipule preceptos constitucionales para vestir la arbitrariedad, que aspire a lograr el aval de la UE y de la OTAN, pero desprecie al Parlamento, que celebre los hitos económicos, laborales y sociales de su rearme –pues suyo es mientras lo curse al margen de los cauces legislativos competentes– que repudiaba hace unas semanas, que lo envuelva en la opacidad inherente a soslayar los controles del estado de derecho, convierte la iniciativa sanchista en indefendible por el fondo y por la forma. Algo que no responde al interés de la nación, sino a las extremas urgencias de Sánchez fuera de nuestras fronteras para ganar tiempo dentro. La oposición no puede ni debe regalar un respaldo que el presidente no merece, y que ha provocado la enésima bronca interna en el gabinete que, pese a la opereta de IU, nunca llegará a nada que ponga en peligro el poder. La Constitución y la Ley de Defensa Nacional obligan a que el plan pase el escrutinio del Parlamento. No es voluntario. Lo contrario es situarse extramuros de la democracia.