Ahora que el caso Koldo-Ábalos y los enemigos de Isabel Díaz Ayuso han vuelto a poner de moda las irregularidades y presuntos delitos cometidos en España mediante la compra de mascarillas y otros materiales durante la crisis de la Covid-19, no está de más recordar las consecuencias derivadas de la otra faceta gestora de esta pandemia que protagonizó el Gobierno aparte de la sanitaria: la económica. Si la adquisición de respiradores y equipos de protección frente al virus fue tardía, cara por los sobreprecios y, por lo que se aprecia de las investigaciones, en algunos casos hasta aparentemente tipificada por el Código Penal, el manejo de los recursos para inyectar oxígeno en la micro y la macroeconomía tras meses de inactividad forzosa tampoco será enseñado como un modelo de excelencia a los alumnos en las escuelas de negocios, aunque los estímulos inducidos por el Banco Central Europeo (BCE) y los fondos procedentes de Europa hayan edulcorado hasta ahora los efectos de los gravísimos errores cometidos.

Más de cuatro años después de que Nadia Calviño pasara a la historia de la clarividencia económica al pronosticar en público desde el púlpito de su Ministerio que el virus apenas tendría un impacto de una o dos décimas en el PIB, los indicadores de España figuran entre los peores de los países de nuestro entorno. En un excelente artículo publicado en las páginas de LA RAZÓN este pasado domingo –otro más–, Daniel Lacalle nos recuerda que España figura en el furgón de cola de la gestión económica de la UE entre 2019-2023. En este periodo el aumento del PIB se ha quedado en unos paupérrimos 2,5 puntos, lo que equivale a decir que la nuestra es la tercera peor recuperación de la UE. De hecho, según este experto, somos «el peor país en gestión económica teniendo en cuenta evolución del PIB, empleo, presión fiscal, poder adquisitivo y aumento de deuda». Para más inri, de esos 2,5 puntos, 2,3 corresponden a gasto público. Tremendo. La bomba de relojería que se oculta tras estos datos y que podría llegar a empequeñecer la desastrosa gestión sanitaria de la pandemia es la deuda pública, absolutamente disparada en estos cuatro años pese al récord de ingresos fiscales fruto de la masacre impositiva desatada por el Gobierno y a los estímulos procedentes de Europa, vitales para que la economía no colapsara.

Lacalle remarca que el Gobierno socialcomunista ha triplicado la deuda de la Seguridad Social, que es la que paga las pensiones, y ha aumentado la deuda pública en 400.000 millones, hasta situarla en dos billones de euros. No son pocos los organismos y economistas independientes que han lanzado ya la voz de alarma ante tamañas magnitudes, apelando al Ejecutivo a restaurar la austeridad en las cuentas públicas, algo a lo que éste ha hecho caso omiso. Como si predicaran en mitad del desierto. El riesgo de tal agujero para la estabilidad del país es, desde luego, estructural si no se reacciona de inmediato, pese a aparecer difuminado por la aparente bonanza inducida por factores exógenos. De hecho, una nueva crisis financiera como la que azotó el planeta o una extensión de la conflagración bélica en Europa, un riesgo del que es perfectamente consciente el Gobierno, cogerían a España en mucha peor situación que cuando fue arrollada por las turbulencias de 2008. Esa quiebra técnica de la que ya habla Lacalle multiplicaría los impagos, el cierre de empresas y el desempleo hasta niveles nunca antes vistos.