Con la víctima y la Justicia

Este periódico dejó sentado desde el primer día su criterio de respeto crítico y de desacuerdo con la sentencia de la Audiencia de Pamplona que el pasado miércoles condenó a los cinco integrantes de la denominada Manada a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales y no de agresión sexual al excluir la existencia de violencia e intimidación. Fue también concluyente nuestra respaldo editorial a la decisión del Gobierno de encargar a la Comisión General de Codificación el estudio para una reforma del Código Penal sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y a que los expertos reflexionaran sobre la tipificación de conductas cuyas connotaciones sociales y jurídicas han cambiado en los 23 años transcurridos desde el Código Penal socialista de 1995. Entendemos que son los especialistas quienes deben someter a escrutinio el articulado para que el Legislativo ponga en manos de los representantes del Poder Judicial herramientas más perfiladas con que sancionar a los culpables de actos aberrantes como los de la Manada. No menos importante, seguro que más, es que el Estado de Derecho sea capaz de que las víctimas y la sociedad no engendren dudas en torno a que los responsables de tales vilezas tendrán que arrostrar penas proporcionadas al daño causado. Ese estado de opinión, que hemos arropado en estas páginas, nada tiene que ver con el que se respira en algunas movilizaciones de estos días y en las soflamas oportunistas de algunos círculos políticos, en los que se promueve una suerte de causa general contra los tribunales y se condena a la picota a los magistrados y a todo aquel que disienta de las voces inquisitoriales que vacían los principios democráticos hasta ningunear el Derecho. El linchamiento público, la sed de venganza, nada tiene que ver con la Justicia, y menos aún con el socorro imprescindible a la víctima, a muchas otras víctimas que han sido olvidadas y silenciadas. Toca recordar con amargura y desazón, pero también con indignación, que muchos de los que han condenado a la lapidación social a los jueces de la Audiencia de Pamplona no movieron un dedo cuando los violadores en serie no rehabilitados recuperaron la libertad junto a los terroristas de ETA gracias a la Doctrina Parot. Entonces, estos mismos que hoy se rasgan las vestiduras no escribieron manifiestos ni convocaron movilizaciones por las mujeres violentadas en el pasado ni por las que con seguridad estaban por llegar, como así ocurrió. Se entendió entonces que era la aplicación de una resolución judicial europea, que nosotros censuramos con dureza, pero que asumimos y respetamos. Algo parecido ha ocurrido con el debate sobre la Prisión Permanente Revisable, aplicable a casos extremos de violadores y asesinos múltiples. En este caso, no sólo no ha contado con el respaldo de algunos de esos mismos sectores que hoy agitan la calle contra los jueces, sino que se han mostrado beligerantes contra una regulación que, según ellos, recortaba derechos y empobrecía la democracia. Hay demasiada hipocresía en circulación estos días y un exceso de desinformación y superficialidad con el que manipular sentimientos y emociones al calor del dolor insoportable de la víctima de unos salvajes. Pero la realidad es que, afortunadamente, la Justicia no se dirime ni se decide en las calles ni en las plazas, ni siquiera es un juez o un tribunal, es un sistema conformado por distintas instancias jerarquizadas que permite el acceso a recursos. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo podrán «reexaminar» la causa. Esto, insistimos, se llama Justicia, lo otro sería ajusticiamiento, propio de la barbarie.