Hacia un irresponsable efecto llamada

El Gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a centrar en la inmigración la parte medular de su acción ejecutiva. Todas sus decisiones de calado han gravitado sobre este asunto, capital también para la Unión Europea. La inmigración es un problema acuciante y controvertido. Sorprende e inquieta que un Ejecutivo sobrevenido, con solo unos días de vida, se haya lanzado a tumba abierta con actuaciones de calado. Condicionado por la mercadotecnia, no ha pasado por alto la dimensión mediática del asunto. La crisis del Aquarius, que llega mañana a las costas levantinas y la eliminación de las concertinas en las vallas fronterizas con Marruecos han dotado al Gobierno de una agenda política de acento social positiva para sus intereses. Esa determinación, loable en cuanto de solidaridad tiene, está, sin embargo, marcada por las carencias y la indefinición propias de la precipitación y la ligereza con que se han abordado los compromisos. Han sido flagrantes las contradicciones y desavenencias de los ministros en el socorro del Aquarius. Se pasó de una movilización general de ayuda a los migrantes a un auxilio puntual en un caso excepcional, de la concesión general del estatuto del refugiado a un se analizará caso por caso, de un hospedaje privilegiado a derivarlos a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de ser un aldabonazo para las conciencias europeas al puede haber expulsiones entre los recién llegados.

Al Gobierno se le han saltado las costuras porque su posición ante un fenómeno con tantas aristas puede haber sido eficaz en cuanto a la propaganda, pero inadecuada en cuanto a la seriedad que esperamos del gabinete. Pero los golpes de efecto tienen el recorrido que tienen. Ahora, toca explicar con detenimiento cuáles son los límites de esa política de puertas abiertas, si es que los hay, y si la lógica no dicta, por ejemplo, que la regulación implique la entera situación administrativa si es que de verdad hay convicciones firmes detrás. La solidaridad es un bien moral, y estamos obligados a ella, pero en coordinación con Europa y siempre con un enfoque global sin espacio para iniciativas parciales y extemporáneas. Sánchez aspira a un nuevo modelo migratorio, que relativiza el flujo foráneo que el país puede soportar, y que activa un efecto llamada de mal recuerdo. Sus medidas apuntan hacia ello. Que ayer se recuperaran cuatro cadáveres en el Estrecho y se rescataran a otros 307 inmigrantes a bordo de 38 pateras es un serio aviso.

No conviene, pues, perder de vista que las disposiciones en materia de inmigración han de ser coordinadas con el resto de socios comunitarios. Sobre todo si a lo que realmente aspira el Ejecutivo es marcar la diferencia con una política sólida de medidas duraderas que vayan más allá de los fuegos de artificio. En este sentido, las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, tras su encuentro con su homólogo italiano, Giuseppe Conte, sobre cómo se debe «trabajar de la mano» para proponer soluciones en el reto migratorio que tengan una dimensión europea resultan significativas en un momento como éste. Máxime cuando el incendiario ministro de Interior italiano, el ultra Matteo Salvini, declaró, también ayer, que espera que el Aquarius «no sea la última nave que acoja España» y que después de ésta vengan más. No podemos generar falsas expectativas. Y no sólo entre nuestros socios europeos, sino, lo que es más importante, entre los inmigrantes que se juegan la vida por alcanzar nuestras costas. Puede resultar fatal.