La inútil demagogia portuaria

No ha sido el Gobierno ajeno, precisamente, a la protección de los trabajadores portuarios en su larga pugna judicial mantenida con la Comisión Europea a raíz del dictamen que obligaba a desregularizar la prestación de servicios en los puertos del Estado. De hecho, en las alegaciones de España ante el Tribunal de Luxemburgo se insistía en que la legislación cuestionada era necesaria para «garantizar la protección de los trabajadores, lo que constituye una razón imperiosa de interés general» (punto 41 la sentencia del TL de 11 de diciembre de 2014), lo que, sin embargo, no fue aceptado por los jueces europeos, que consideraron que nuestro país transgredía el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE, en lo referido a la libertad de establecimiento. La sentencia en cuestión, claramente condenatoria para España, era el último episodio del enfrentamiento con la Comisión, que había comenzado en noviembre de 2011 y que terminaba de la misma manera que los mantenidos anteriormente por Francia y Holanda. Si citamos por extenso los antecedentes de hecho, es porque ninguno de nuestros representantes parlamentarios, llamados a ratificar en el Congreso el Real Decreto de liberalización portuaria, puede reclamar ignorancia de lo ocurrido. Aunque era una disputa perdida de antemano –dado que España mantenía una legislación que impedía la libre contratación de trabajadores en el sector de la estiba–, hay que dejar constancia de que el Gobierno ha intentado por todos los medios, hasta incurrir en la condena en costas del proceso, que la Comisión rebajara sus pretensiones. En efecto, ninguna de las contrapropuestas españolas en materia de régimen laboral fue aceptada por Bruselas, firme en la condena de un modelo de contratación que, textualmente, «impedía a las empresas estibadoras seleccionar libremente a su personal y mantenerlo en plantilla», y que las obligaba, además, a «contratar un personal que no necesitan realmente». En definitiva, era la puntilla al último «reducto de altos sueldos laborales» –en expresión del propio sindicato de trabajadores del mar– de una industria próspera, pero que no permitía el acceso a nadie que no pasara por las horcas caudinas de la organización gremial. Llegados a este punto, se puede entender, aunque no se comparta, la actitud de unos trabajadores dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias por mantener unos privilegios laborales cimentados desde la dictadura del general Franco. Incluso justificar la reluctancia de un Gobierno, cualquier Gobierno, a enfrentarse a un gremio que tiene en sus manos un sector estratégico tan importante como el transporte marítimo, por el que discurren el 80 por ciento de nuestras exportaciones y el 60 por ciento de las importaciones. Pero lo que no tiene lógica es que la oposición política pretenda hacer bandera demagógica de una cuestión que sólo admite dos salidas: aceptar la sentencia del Tribunal de Luxemburgo o trasladar al bolsillo de todos los españoles, vía Presupuestos Generales, el importe de la enorme multa impuesta por la Comisión, que supone el pago de 134.000 euros diarios. Sin duda, el Real Decreto puede ser objeto de críticas en el debate parlamentario, pero se ajusta a los dictámenes de la Comisión Europea, con la que ya se han consultado media docena de borradores. Lo demás es contribuir a una espiral de enfrentamiento en el sector portuario español sin solución de continuidad y que supondrá un importante quebranto para el conjunto de la economía española. Al menos, hasta que los estibadores acepten que ha muerto una época.