Madrid, como ejemplo

Desde la autoridad que le confiere gobernar la región que lidera todos los rankings económicos de España, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, reclamó ayer en la tribuna «LA RAZÓN de...» la intensificación del programa de reformas impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero con la cautela de quien sabe perfectamente que una cosa es reformar y otra, muy diferente, tratar de romper las instituciones desde modelos utópicos que, en demasiadas ocasiones, rozan lo antidemocrático. Como explicó Ignacio González en su intervención, se trata de abordar una reforma profunda de nuestro modelo administrativo y un cambio sustancial en el planteamiento político, pero que no requiere procedimientos extraordinarios, ni poner en solfa todos los principios constitucionales, ni el modelo territorial ni volver al centralismo. Con la fórmula que propone el presidente autonómico madrileño no es difícil estar de acuerdo. Pero supone nada menos que hacer de las administraciones instrumentos de gestión eficaces, en un marco de competencias claro, sostenible e igual para todas las comunidades autónomas. Ignacio González refuerza su argumento con el relato de los dislates políticos y económicos de los momentos de bonanza, cuando la mayoría de los gestores, en la búsqueda del rédito electoral, se dedicaron a ejercer funciones que nos les pertenecían, llegando a endeudarse para sacar adelante proyectos sobre los que no tenían competencias. Es, pues, imprescindible clarificar qué debe hacer cada Administración, cómo se va a financiar y cuáles son las consecuencias –sanciones– de los incumplimientos. Ciertamente, es el nudo gordiano de la cuestión, puesto que el reparto financiero y el cumplimiento de los déficits fiscales por parte de las distintas administraciones públicas no ha dejado de ser motivo de discordia y excusa de despilfarros. Aunque se podrían reiterar los ejemplos, Ignacio González denuncia la situación de la Comunidad de Madrid, que es la que le compete y conoce de primera mano, que, pese a tener la mayor capacidad fiscal de España, sólo recibe el 17 por ciento de lo que recauda, frente al 58 por ciento de Cataluña o el 184 por ciento de Andalucía. Aun así, la región madrileña se ha ajustado al déficit marcado por el Gobierno de la nación. No significa que no se deban establecer las excepciones que sean necesarias, deber de solidaridad y patriotismo, pero deberá hacerse de manera muy justificada y objetivada, sin que pueda entenderse como un beneficio para los que incumplen frente a los cumplidores. En definitiva, reformas profundas de las administraciones, sin socavar el sistema constitucional, y exigencia de lealtad para con España y los españoles a todos los representantes y gestores públicos.