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Reforma constitucional sin lealtad

Tiempo de lectura 4 min.

11 de junio de 2018. 00:46h

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11/6/2018

El discurso del nacionalismo catalán ha establecido que el origen del «proceso» independentista, la gota que colmó el vaso de los agravios, está en la sentencia de junio de 2010 del Tribunal Constitucional en la que declaró catorce artículos inconstitucionales y, por lo tanto, nulos. La mayoría de las normas rechazadas tenían que ver con la administración de Justicia –dibujaba un sistema judicial independiente del conjunto del Estado–, la gestión tributaria y la lengua. Sobre esta última cuestión, en el apartado 1 del artículo 6, hablaba de que el catalán era la lengua «preferente» de la «administración pública, medios de comunicación y enseñanza», contradiciendo frontalmente el artículo 3 de la Constitución. Además, existían 27 artículos que el TC había avalado, siempre que se interpretarán en el sentido que indicaba. Al parecer, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez comparte el mismo criterio que los nacionalistas de que la sentencia del TC fue el desencadenante del «proceso», por lo que cree que, enmendando aquella resolución, el independentismo gobernante –y el que está acosando en la calle– volverá a la legalidad. Así lo expresó el pasado sábado la titular de Política Territorial, Meritxell Batet, que hay que hacer una reforma de la Constitución «urgente, viable y deseable», en la que se incluiría la reposición de aquellos artículos del Estatut anulados. En primer lugar, existen unos problemas técnicos insalvables: cualquier norma de rango nueva debe someterse a la Constitución. Más ambiguo es, si cabe, el de hablar de reforma en clave «federal», cuestión que el PSOE siempre ha tenido en cartera desde la Declaración de Granada de julio de 2013, pero que nunca ha desarrollado seriamente. Proponía modificar el Título VIII de la Constitución y cerrar las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, pero en estos momentos no sabemos en qué sentido. Es cierto que desde el artículo 148 al 153 no se establece de forma clara las competencias enumeradas –56 en total– y que sobrepasar el límite sólo depende de la capacidad de presión política y lealtad. Bien lo saben los nacionalistas vascos y catalanes. Y sabe bien el PSOE –y el PSC de Iceta– que el bloque independentista catalán quiere blindar competencias, pero desde la exigencia de desbordar el papel del Estado, basándose en el principio de que el sistema autonómico está agotado. No tendría sentido minar el propio sistema reconociendo el derecho de autoderminación, que es la «línea roja» que plantea el ultranacionalista Torra. El PSOE debe ser claro y, antes de negociar nada con sus desleales compañeros de viaje que aportaron sus votos en la moción de censura, explicar cuál es su mapa territorial y el sentido de su reforma constitucional. No sabemos si hablan de una España federal «asimétrica», con Cataluña y País Vasco marcando sus propios límites competenciales. Tampoco sabemos si esa futura Constitución debe blindar el principio de ordinalidad en la financiación autonómica, una de las demandas de los socialistas catalanes, y limitar así el fondo de solidaridad interregional para evitar que las comunidades más ricas, tras aportar al fondo común, bajen puestos en financiación per cápita. Lo único que sabemos es que tanto la Generalitat como el Gobierno Vasco han marcado sus límites por encima de lo que sería aceptable en defensa de la Constitución: el derecho de autodeterminación o el eufemístico derecho a decidir que ayer reclamaban cogidos de la mano Ortuzar y Otegi. Volvemos a entrar en un terreno pantanoso en el que se juegan con palabras de sonoridad bondadosa, pero que rompen de raíz la Carta Magna. No sólo no se dispone de una mayoría necesaria para acometer una reforma –que quiere, además, sumar a los que buscan abrir un proceso constituyente nuevo–, sino algo más importante, que fue lo que sustentó el denostado «régimen del 78»: la lealtad.

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