Un ataque muy grave contra la seguridad y la libertad

Conviene repasar la secuencia de los hechos para tener una idea clara del objetivo de filtrar una conversación entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso. Uno: la reunión tuvo lugar en el mes de octubre de 2014 en el despacho del ministro. Dos: en ella se trataron asuntos sobre investigaciones de casos de corrupción. Tres: por lo que sabemos –y por lo que ahora oímos– la conversación fue grabada por terceros. Cuatro: han sido difundidas casi dos años después y cuatro días ante de unas elecciones generales. Y un último punto: la grabación de estas conversaciones han sido difundidas, aunque no en su integridad y editadas, sacando de contexto lo que interesa. Este relato de los hechos deja claro que existe una clara intención de perjudicar al titular de Interior o, como él mismo ha señalado, de hacerle víctima de una conspiración. El asunto es de mucha gravedad, porque ha puesto en peligro la seguridad de un departamento especialmente sensible, en aras de un uso electoral. Si el contenido de una reunión de hace dos años se ha publicado a cuatro días de unos comicios, es evidente que hay una voluntad de interferir en el resultado, según nos dicta la experiencia de nuestra historia reciente. Mal método. El conjunto de los partidos políticos no ha perdido la ocasión para pedir la dimisión de Fernández Díaz, bajo indemostrables acusaciones de muy grueso calado y realizadas sin la menor reflexión sobre lo que supone que las comunicaciones de un ministro del Interior hayan sido interferidas, grabadas, difundidas y manipuladas con intencionalidad política. Y aún peor: con ánimo de alterar el sentido del voto en unas elecciones. Que nuestro país entre en estos momentos de inestabilidad política en una deriva en la que la que ciertos elementos actúen al servicio de intereses partidistas no es lo que ahora necesitamos. Por este motivo, es especialmente irresponsable la reacción de Pedro Sánchez, que se desentendió del delito mismo (la grabación de conversaciones sin mandato judicial está penada con cuatro años de cárcel), para pedir que «el PP dimita en bloque» el próximo domingo. Es una lástima que el líder socialista ni siquiera tenga en cuenta que las reuniones que Fernández Díaz mantuvo con el director de la OAC están reguladas por ley y tienen el deber leal de colaboración con otras instituciones del Estado. No es menos grave la actitud de Albert Rivera, que, siguiendo su obsesión con apartar a Rajoy –aun en el supuesto de que ganase las elecciones–, cargó sobre él toda la responsabilidad sin una prueba. No se puede acusar a un presidente del Gobierno de «fabricar pruebas» contra la oposición cuando el líder de Ciudadanos no se ha preocupado por solicitar que se abra una investigación. Hay mucha precipitación, sin duda a rebufo del final de una campaña electoral en la que, a falta de propuestas claras y diferenciadas, el PP aparece como la víctima a la que todos pueden atacar. Un partido como el socialista, que conoce bien las interioridades del Ministerio del Interior, no debe utilizar electoralmente unas escuchas como éstas a las que ha sido sometido Fernández Díaz. Quien sí ha pedido que el caso sea investigado de inmediato es el ministro en funciones, el cual dio ayer la orden a la comisaría de Policía judicial de que abra diligencias. Es necesario que se emprenda una indagación urgente, que se sepa quién realizó las grabaciones, con qué fin fueron difundidas y desde cuándo se están realizando estas actividades delictivas.