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Una oportunidad para el orden constitucional

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Tiempo de lectura 4 min.

10 de noviembre de 2019. 02:48h

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9/11/2019

Los españoles acuden hoy otra vez a las urnas para elegir una nueva composición del Congreso y del Senado. Es la cuarta vez en cuatro años. El dato, que es preciso repetirlo tantas veces como sea preciso para que no se diluya como una minucia en la acelerada memoria colectiva, define por sí solo la frustrante incapacidad de la clase política para asumir sus responsabilidades principales, que pasan obligatoriamente por gestionar de forma eficaz y valiente el mandato del pueblo español. El país recorre este desesperante camino con las alforjas cargadas de escepticismo sobre el coraje y la convicción de nuestros representantes en cuanto a supeditar sus alicortos intereses al bien común de una nación que tiene la desesperante sensación de haberse quedado encallada desde hace un cuatrienio como si la interinidad institucional no fuera un accidente, sino una condena «in eternum». Naturalmente, esto no puede ni debe ser así y es el derecho, pero también el deber de la opinión pública exigir que los receptores de la voluntad popular entiendan que la provisionalidad es un limbo intolerable para una nación con tantos retos y peligros como los que se ciernen sobre el presente y el futuro de la nuestra. Hoy, está llamada a ser una de las jornadas decisivas de la historia democrática reciente, pues debiera convertirse en la palanca que desencadenara los acontecimientos precisos para encarrilar el país y aplicar corriente a sus circuitos fundidos. Hablamos de una España en tiempo crítico porque los riesgos para el orden constitucional, para el país unido, integrador, acogedor, libre, seguro, equitativo y próspero que hemos conocido en las últimas cuatro décadas, nunca han sido tan cercanos y ciertos como los actuales. Creemos no exagerar un ápice cuando aseguramos que el Estado, y con él sus conciudadanos, todos, tenemos por delante un horizonte desestabilizador que pone en jaque toda la arquitectura de derechos y libertades que nos han convertido en una de las 19 democracias plenas del mundo. En este punto, el continuado movimiento insurreccional patrocinado por la Generalitat separatista de Cataluña es clave por su función dinamizadora de una pulsión involucionista contra el régimen liberal y representativo. La deriva no se ha frenado con la condena a los responsables del procés. El Estado es continuamente zarandeado y con él la mayoría de catalanes que no comparten el credo sectario y quimérico de la ruptura. La decadencia es tal que hoy no se da seguro que los electores puedan ejercer su derecho al voto con libertad plena sin coacciones ni intromisiones. Como ejemplo, sirva el contenido del sumario de la Operación Judas y los planes de los presuntos terroristas de los CDR detenidos. Hoy, LA RAZÓN adelanta que las investigaciones apuntan ya las conexiones de esta célula con el entorno directo del prófugo Puigdemont. Así de grave y contundente es la amenaza que debe llevar a la ciudadanía a interpretar el 10-N como una oportunidad de fortalecer el orden constitucional en general y en Cataluña, en particular, con una mayoría que permita al Estado acelerar el paso para deshacer la retirada emprendida desde hace décadas en aquel territorio. El supremacismo catalán es además un elemento dinamizador de una corriente aniquiladora de la España del 78 con colaboracionistas en otros territorios y en la izquierda más desafecta. La pugna territorial no puede cronificarse como un elemento distorsionador por degradante de la nación. Será una obligación empujar a Cataluña hasta la linde constitucional. Tras cuatro años de inacción gubernamental, España enfila una coyuntura adversa en el orden económico. El Gobierno repite el guión socialista de tiempos pasados y relativiza la tormenta que toda la ciencia y la política contemplan ya. Los índices macroeconómicos no mienten como tampoco la sabiduría de las familias que han pulsado el botón del ahorro. No hay brotes verdes, ni espacios para presupuestos expansivos, sino oportunidad y necesidad de emprender las reformas estructurales y de otro orden extraviadas entre el ruido y las trincheras partidistas. El panorama internacional tampoco será condescendiente con nuestra inestabilidad institucional. El Brexit es un hecho y no será inocuo, más aún para quienes carguen con el lastre de un Gobierno débil, difuso o errático. No nos lo podemos permitir. Se exige lo mejor de todos. Especialmente de quienes ocupen los escaños, pero también de los españoles que tenemos que atender el deber cívico sobre el que pivota la democracia: el voto. El bloqueo endémico de la situación no es una alternativa tolerable. Que se plantee la opción de unas terceras elecciones resulta desconcertante y ruinoso. La clase política no puede crionizar una sociedad hasta el momento en que le venga bien. En los comicios anteriores, hubo combinaciones posibles y razonables que hubieran realizado un buen servicio al país, pero especialmente la izquierda fue incapaz de actuar con altura de miras. La mezquindad en política es un ingrediente tóxico. España no puede seguir frenada por más tiempo. Las elecciones de hoy deben ser un mandato para cuatro años. Habrá sumas sensatas y convincentes que demandarán coraje y argumentación, pero la sociedad española tiene la madurez y la experiencia que a los políticos les faltan. Si estos se enquistaran en el desencuentro, en la ceguera estúpida y corrosiva que dicta entender que la razón de partido está por encima del interés general, que la ecuación es unívoca, entonces habrá que exigir a los que apadrinen el fiasco que se marchen y dejen su sitio para otros que entiendan que España, los españoles, su libertad y su bienestar son lo que realmente importa. Pero, de momento, votemos.

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