El ambigú

El epítome

Como todo el mundo sabe, la propaganda no encaja bien en el derecho

El Gobierno ha descubierto que los jóvenes tienen dificultades para acceder a una vivienda. El problema es que lo ha hecho con cinco años de retraso, justo a tiempo, para convertir en un tema electoral un problema de Estado. Después de un lustro de inacción, en un periodo en el que la prioridad era dar a los jóvenes un cheque-voto para videojuegos, toquetear de forma indecente el Código Penal, practicar la peor ingeniería social y atar a sus socios parlamentarios a base de soluciones penitenciarias, el Gobierno ha entrado en una especie de frenesí con el asunto de la vivienda. Es un no parar, y un día salen con la ley de vivienda, intervencionista y contraproducente, otro prometen 50.000 viviendas de la Sareb, pese a que sólo están disponibles 9.000 y de ellas no llegan a 1.000 las ubicadas en las denominadas zonas tensionadas, y al siguiente anuncian 43.000 viviendas financiadas con fondos europeos, como si este Gobierno hubiera demostrado alguna solvencia gestionándolos, silenciando además que dichos fondos deben ir, por mandato europeo, a aspectos relacionados con la transición energética y la digitalización, precisamente para cambiar el paradigma del ladrillo en nuestro modelo productivo.

Hacen mal en electoralizar el asunto, porque resulta que la vivienda, por muchos motivos, es el verdadero y singular epítome de lo que es y de lo que ha sido este Gobierno: su incapacidad para gestionar, su facilidad para incumplir promesas, el uso continuado de bulos e hipérboles y la irresponsabilidad a la hora de legislar. Es bien conocida la técnica normativa que han impuesto a lo largo de toda la legislatura, consistente en desoír a los órganos consultivos del Estado, olvidar el reparto competencial entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, pasar por encima de aspectos básicos como el derecho a la propiedad, la libertad económica o la seguridad jurídica, y, todo ello, para tomar medidas que, cuando entren en vigor, serán prácticamente inaplicables o tendrán efectos contrarios a los deseados, como ocurrió con la ley del sólo es sí. Como todo el mundo sabe, la propaganda no encaja bien en el derecho. Además, no hay economista que no cuestione el control de los alquileres y la historia demuestra que la distorsión del mercado reduce la oferta, desincentiva la inversión y aumenta la litigiosidad.

Y, por si todo ello fuera poco, la guinda es que escenifican pactos de última hora, dejando que ERC y EH Bildu «vendan» la aprobación de la ley, obviando que los primeros están planteando, incluso con fecha, un nuevo reto al Estado, o que los segundos siguen blanqueando el terrorismo y equiparando a las víctimas con los verdugos. Les brindan la posibilidad de aparecer como salvadores, pese a que en realidad ya han cobrado por adelantado, a través de indultos, reformas penales y acercamientos penitenciarios que avergüenzan a los que defendemos la idea de una España democrática y de derecho, además de humillar de manera muy certera a más de la mitad de los catalanes y a todas las víctimas del terrorismo. Han aparecido todos los tics de eso que se denomina sanchismo, incluido el más doloroso, que consiste en subrogar políticas de estado, que afectan a la calidad de vida de todos, pero de forma muy especial a la de los jóvenes, en el altar de los intereses más sectarios y egoístas, dejando claro que los españoles no le debemos absolutamente nada a Sánchez, pero los partidos políticos enemigos de la idea de España siempre le deberán algo a él y al Partido Socialista, y siempre recordaremos estas ignominiosas cesiones de dignidad y estado de derecho.